La elección de Jacqueline Tapullima Insapillo como diputada por San Martín quedó bajo una sombra de dudas. La legisladora electa de Juntos por el Perú es investigada por la Fiscalía luego de que peritajes de la Policía Nacional concluyeran que la firma y las huellas dactilares que aparecen en la declaración jurada presentada para inscribir su candidatura no serían suyas. Pese a ello, ya fue proclamada, recibió sus credenciales y se alista para asumir funciones en el nuevo Congreso.
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El caso fue revelado por el programa Cuarto Poder, que accedió a la investigación desarrollada por la Fiscalía de Tarapoto. Las pesquisas se centran en el Anexo 11, la declaración jurada de consentimiento que todo postulante debe firmar para acreditar su voluntad de participar en las elecciones generales de 2026.
Jacqueline Tapullima es diputada electa de Juntos por el Perú (JP). (Foto: JNE)
Según el informe pericial remitido al Ministerio Público, las impresiones dactilares estampadas en ese documento no coinciden con las registradas oficialmente por Jacqueline Tapullima en el Reniec. El análisis determinó diferencias en el conteo de crestas papilares y otros puntos característicos, por lo que los especialistas concluyeron que la huella corresponde a otra persona.
El perito dactiloscópico Julio Espejo explicó durante la investigación que las huellas digitales son únicas e inalterables. En su informe quedó consignado que “esta impresión dactilar no proviene del dedo índice de la titular”, descartando científicamente que la huella utilizada pertenezca a la ahora diputada electa.
PERITAJES APUNTAN A FIRMA Y HUELLA ADULTERADAS
Las dudas no quedaron solo en las huellas. El expediente también fue sometido a un examen grafotécnico y los especialistas concluyeron que la firma consignada en la documentación electoral presenta características propias de una “imitación servil”, por lo que tampoco correspondería a la rúbrica habitual de Tapullima.
La investigación también puso bajo la lupa un hecho ocurrido mientras las diligencias ya estaban en marcha. Según el reportaje, la legisladora acudió al Reniec para renovar su Documento Nacional de Identidad y la única modificación realizada fue el diseño de su firma, la cual ahora guarda mayor semejanza con la que figura en el documento cuestionado.
Por estos hechos, el Ministerio Público abrió el pasado 13 de mayo una investigación por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica. Durante las diligencias, Tapullima no asistió inicialmente a las citaciones para las pericias biométricas alegando que se encontraba en Lima y posteriormente decidió acogerse a su derecho a guardar silencio.
Consultada por Cuarto Poder, la diputada electa evitó pronunciarse sobre el fondo de la denuncia. “Voy a esperar el informe, la investigación”, respondió, limitándose a señalar que aguardará el resultado de las pesquisas.
Fuente: Cuarto Poder.
YA TIENE CREDENCIALES, PERO LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA
Mientras la investigación avanza, especialistas en derecho electoral advierten que la situación política de Jacqueline Tapullima no cambia de manera inmediata. La abogada Silvia Guevara explicó que, al haber sido proclamada oficialmente y recibir sus credenciales, ya no existe un mecanismo administrativo que revierta su elección antes de asumir funciones.
La investigación también reveló que Tapullima no registraba experiencia política, estudios superiores, antecedentes como candidata, ingresos declarados ni propiedades. Fuentes consultadas por el dominical señalaron que su incorporación a la lista parlamentaria de Juntos por el Perú habría respondido únicamente al cumplimiento del requisito de paridad de género exigido para las elecciones.
Esa versión fue respaldada por Victoria Mejía, simpatizante de Juntos por el Perú, quien afirmó que durante la campaña casi nadie conocía a la hoy diputada electa. Según declaró, solo escuchaban el nombre de “Jacqueline”, pero no sabían quién era, y aseguró además que la candidata publicó fotografías en redes sociales aparentando haber realizado actividades proselitistas, pese a que, según su versión, nunca hizo campaña porque decía no contar con recursos económicos.
Aunque la investigación fiscal continúa en etapa preliminar, el caso podría tener consecuencias penales. De confirmarse que la documentación presentada para inscribir la candidatura fue falsificada, Jacqueline Tapullima enfrentaría un proceso por delitos contra la fe pública y falsa declaración en procedimiento administrativo, cuyas penas, de acuerdo con los especialistas citados en el reportaje, fluctúan entre seis y ocho años de prisión.
Entretanto, la legisladora mantiene intacta su condición de diputada electa y se prepara para jurar el cargo mientras las autoridades intentan esclarecer quién estampó realmente la firma y las huellas que hicieron posible su postulación.
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