Por los tres delitos que es acusado en el caso ‘Club de la construcción’, el expresidente Martín Vizcarra, ahora candidato al Congreso por Somos Perú, podría recibir una pena máxima de 34 años de cárcel.
Así lo indicó en la audiencia de ayer el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo Especial Lava Jato, mientras sustentaba ante la jueza María Álvarez el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario.
Detalló que la pena estimada saldría de la suma de años con los que se condena los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.
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Asimismo, Juárez Atoche afirmó que el ex jefe de Estado habría recibido beneficios económicos (sobornos) de 1 millón de soles por el proyecto Lomas de Ilo (Obrainsa) y 1,3 millones de soles por la obra del Hospital de Moquegua (consorcio ICCGSA).
“Los colabores contaron que Vizcarra decia: ‘ellos (las contructoras) se comen la torta solos’”, dijo el fiscal
Además, precisó que el dinero de Obrainsa llegó ‘en dos cheques’ y el de ICCGSA ‘en un paquete’ por intermedio del exministro José Hernández (amigo de Vizcarra que ahora es colaborador eficaz).
Para probar su tesis, el integrante del Equipo Lava Jato presentó registros de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.
A su turno, Fernando Ugaz, abogado del expresidente, calificó el caso ‘como un teléfono malogrado’ y remarcó que su patrocinado siempre ha mostrado su interes de colaborar con la justicia.
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“El fiscal no es objetivo y solamente ve detrás de estas palabras: ‘dinero’ y ‘coima’”, dijo. Rechazó las imputaciones y le pareció una exageración la pena de 34 años.
Tras seis horas de audiencia, la jueza decidió continuar la audiencia mañana a las 9:30 a.m.. El fallo se podría conocer por la tarde.
Días atrás, el expresidente aseguró que no hay argumentos válidos para que el Ministerio Público haya pedido 18 meses de prisión preventiva en su contra.
“No ha cambiado nada en estos 3 meses, 4 meses de investigación desde que hemos dejado el Gobierno. Las cosas siguen inalterables. No hay ningún argumento para pedir esta prisión preventiva”, declaró ante la prensa.
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“En las citaciones que hemos tenido hemos respondido todas las preguntas. En algún momento después de entregar los dos pasaportes, el fiscal pidió impedimento de salida del país. Nosotros nos acogimos”, añadió.
En los últimos días también se habló que Vizcarra podría pedir asilo político a Bolivia, sin embargo, él envió una carta al embajador de ese país en Perú para dejar claro que no recurrirá a ese derecho.
“No ejerceré ante su Embajada, ni ante ninguna otra, el derecho de asilo político amparado en el Artículo 36 de la Constitución Política del Perú”, señaló en su misiva.
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