Antes los diversos casos de irregularidades en la segunda vuelta electoral del pasado 6 de junio, el abogado penalista Mario Amoretti presentó, junto a un grupo de colegas, una denuncia ante el Ministerio Público por el atentado al derecho al sufragio y falsedad de firmas contra quienes manipularon las actas de votación.
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“La ONPE debe permitir que se remita los padrones. No digo que hubo fraude, digo que se tiene que investigar estos hechos delictivos. Y se establezca una comisión de falsificación, de adulteración, de hecho delictivo y se investigue, se identifique y se sancione a los autores de este hecho porque hay evidentes casos de irregularidades, sobre todo en casos de firmas falsas”, señaló a Trome.
El abogado aclaró que no tiene vínculo con el fujimorismo y solo busca la verdad en esta crisis política generada por los resultados inciertos en la segunda vuelta.
“Solo pedimos que se investigue, el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que estos casos pase al Ministerio Púbico, entonces hay algo irregular. Pedimos que se compare el padrón con las firmas en las actas de votación y así comprobar si hubo o no suplantación en las mesas de sufragio”, indicó.
Tras las numerosas críticas al JNE por no permitir evaluar las más de mil actas con irregularidades, además de negarse a pedir el padrón electoral, dos peritos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) confirmaron que las firmas de miembros de mesa no son las mismas que tienen en los registros oficiales.
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Así se comprueba en un informe del 25 de junio, elevado por dos técnicos grafotécnicos internos a la jefa de Coordinación y Verificación de Firmas y Apoyo Electoral. El documento se emitió ante un pedido tres días antes, del Jurado Electoral Especial de Huancavelica. En este periodo, la Gerencia de Asesoría Jurídica de Reniec indicó que esto era procedente porque “debe atender los requerimientos”, respecto al análisis con base en copias certificadas.
En este caso, solo se había pedido cotejar las firmas de Julio Juan Gonzales Quispe y José Luis Flores Herrera, de la mesa 017598, en la provincia de Castrovirreyna. “No son compatibles”, especifica el organismo respecto a ambos casos.
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