Keiko Fujimori vuelve a la cárcel para cumplir 15 meses de prisión preventiva-como parte de un pedido de la Fiscalía que pidió 18 meses-que la investiga por un presunto caso de lavado de activos vinculado con Odebrecht. La decisión fue anunciada por el magistrado Víctor Zúñiga, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien previamente anunció que tardaría de 8 a 11 horas para dar a conocer todos los fundamentos de su resolución.
Al inicio de la audiencia, a la que no acudió Keiko Fujimori,-aunque luego apareció-el juez remarcó que una decisión del Tribunal Constitucional (TC), que el 30 de noviembre pasado ordenó la liberación de la lideresa de Fuerza Popular, no puede convertirse en “una imposición” a la acción de la justicia.
Aunque Keiko Fujimori no había acudido al Poder Judicial, señaló en su cuenta oficial en Twitter que esperaría la resolución judicial en la casa de su madre, Susana Higuchi.
“Hoy voy a seguir la decisión del juez Victor Zúñiga junto a mi familia desde la casa de mi mamá, para poder cumplir con lo que corresponda. Tengo mucha fe en que la justicia prevalecerá”, sostuvo la lideresa fujimorista.
Cuando el magistrado Víctor Zúñiga comenzó a leer el expediente para la sentencia, la lideresa fujimorista llegó hasta la Sala Penal Nacional.
Durante la lectura de la resolución, que llevó varias horas, el juez Zúñiga dijo que hay sospecha suficiente de peligro de fuga de Keiko Fujimori, dado que su arraigo posesorio o domiciliario no es de calidad.
En los últimos siete años, Keiko Fujimori y su familia han vivido en una casa alquilada, con una renta de 1,600 dólares mensuales, y la excandidata presidencial declaró ingresos por más de 11 mil soles (3,300 dólares) al mes.
El magistrado sostuvo que con esa renta han podido adquirir una vivienda e incrementar su arraigo como “cualquier ciudadano peruano”, pero decidió no hacerlo.
Keiko Fujimori es investigada por el fiscal José Domingo Pérez por la presunta comisión de cuatro delitos, entre ellos lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que presuntamente recibió un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
Esta acusación fue rechazada por Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que considera que solo se cometió una falta administrativa al haber usado a falsos aportantes para justificar ante la autoridad electoral las donaciones y contribuciones recibidas.
José Domingo Pérez, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato, detalló que el nuevo pedido de prisión preventiva que solicitó contra Keiko Fujimori llega a los 18 meses y 2 días, debido a que espera concluir la investigación preliminar en dos meses, para luego continuar con una etapa intermedia de cinco meses más, y culminar su investigación durante este año.
El fiscal agregó que, dada la complejidad del caso, su investigación tendría que terminar en 2021 pero “por el alto peligro procesal” la finalizará este 2020.
Keiko Fujimori ya cumplió prisión preventiva durante 13 meses hasta el 30 de noviembre pasado, cuando se le liberó en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional que declaró fundado un hábeas corpus presentado por su hermana menor Sachi Fujimori, “por afectación del derecho a la libertad personal”.
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