Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, cumplirá 15 meses de prisión preventiva luego que el Poder Judicial declarar como fundado el pedido que formuló el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, por los presuntos aportes ilegales que habría recibido en sus campañas presidenciales.
El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga Urday hizo pública esta decisión en la audiencia que se llevó a cabo hoy desde las 9 a.m. En la sesión estuvo presente la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, quien apeló la resolución, y la fiscal adjunta del equipo especial Lava Jato, Elvia del Carmen Caro Izquierdo.
El magistrado consideró que había suficientes elementos de convicción para considerar que había “sospecha grave” de que la excandidata presidencial había cometido los delitos que se le imputan en la investigación preparatoria, como lavado de activos, organización criminal y obstaculización de la justicia.
“Keiko Fujimori no puede afirmar que había cumplido con su obligación de ocultar la fuente (de los aportes millonarios a la campaña de Fuerza 2011), acto en el que habría participado, sin tener ningún conocimiento ni voluntad en la realización de los actos de aportes dinerarios [...] El juzgado entiende que carecería de toda razonabilidad y sentido común desprender de la frase de la investigada [...] que ella no tenía conocimiento ni voluntad en la manera en cómo se cumplió ese compromiso”, señaló el juez Zúñiga Urday en alusión a la publicación que hizo la lideresa de Fuerza Popular en la que reconoció que ocultó aportes millonarios en la campaña del 2011.
Además de concluir que hay alto grado de probabilidad de que Keiko Fujimori cometió actos de transformación o conversión de dinero ilícito proveniente de Odebrecht al ocultar la fuente de los aportes de campaña, también consideró que hay pruebas fuertes de que se instaló, en forma “paralela”, una organización criminal.
“Hay sospecha grave que la realización del acto de lavado de activos se habría realizado se habría concretado como organización criminal, siendo que Keiko Fujimori habría conocido y participado en el designio de cumplir su promesa (de ocultar la fuente de los aportes)”, manifestó el juez de investigación preparatoria.
Sobre la obstrucción de la justicia, Víctor Zúñiga Urday también indicó que existirían “suficientes elementos de convicción” para considerar un grado de sospecha grave, debido a los testimonios de falsos aportantes que detallaron cómo los abogados del estudio Oré Guardia y la misma Giulliana Loza les exhortaron que no cambien su versión para reconocer que no habían entregado dinero a Fuerza 2011.
“El conocimiento de los aportes, sumado al hecho de que el mismo estudio de abogados que la defendió sería aquel que impidió que se presten los testimonios de los falsos aportantes, permite concluir con alto grado de probabilidad lógicamente que ella habría coordinado que se procure ese impedimento a la declaración o inducción a la falsa declaración”, añadió.
El magistrado indicó, también, que la excandidata presidencial no tiene arraigo laboral, y tampoco presenta un arraigo domiciliario “de calidad”, pese a que sea alquilado por US$ 1,600 al mes y no tenga ningún inmueble a su nombre.
El juez Víctor Zúñiga Urday precisó que “no se ha evidenciado actitud de repara daño” de parte de Keiko Fujimori y consideró que la lideresa de Fuerza Popular habría realizado actos de obstaculización de justicia según lo que ya se ha visto en el delito de obstrucción.
“Es perfectamente posible que a pesar que ese peligro de obstaculización se reduzca, no implica que este desaparezca”, señaló.
Como se recuerda, el 29 de noviembre de 2019, Keiko Fujimori fue excarcelada tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori.
La lideresa de Fuerza Popular es investigada por el presunto delito de lavado de activos por aportes recibidos por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
En el marco de este proceso, Keiko Fujimori cumplió prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos, desde el 1 de noviembre de 2018.
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