La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, consideró que el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato, para suspender las actividades de su partido por dos años y medio es un “acto inédito y antidemocrático”.
A través de sus redes sociales, la ex candidata presidencial insistió en que las Elecciones Generales del 2021 deben llevarse “con normalidad, sin exclusiones arbitrarias ni pedidos desproporcionados” contra las agrupaciones políticas.
“Que un fiscal pretenda inhabilitar a Fuerza Popular con un proceso electoral en marcha es un acto inédito y antidemocrático. Es fundamental que las elecciones se lleven con normalidad, sin exclusiones arbitrarias ni pedidos desproporcionados contra los partidos políticos”, expresó.
“Nadie puede impedir que la población ejerza su derecho a elegir y decidir quiénes deben guiar los destinos de nuestro país. Si alguien cree que con este tipo de maniobras nos van a distraer y llevar por el camino de la guerra política, se equivoca”, añadió.
El pedido de José Domingo Pérez se produjo después de que el pasado 21 de noviembre de 2019, el juez Víctor Zúñiga incluyó como persona jurídica al partido en la investigación por el presunto delito de lavado de activos en modalidad de organización criminal.
De acuerdo al documento fiscal del pasado 17 de julio, Pérez advierte a Zúñiga una serie de proyectos de ley y dictámenes que impulsó el partido naranja entre los años 2017 y 2018.
En dichos años, el objetivo de Fuerza Popular era modificar el etiquetado de octágonos con los colores blanco y negro con mensajes claros a una especie de semáforos, con colores verde, amarillo y rojo y cifras.
Sin embargo, en el documento no se aclara este proceso parlamentario tiene relación con Odebrecht u otras empresas con la bancada liderada por Keiko Fujimori. Ahora corresponde al juez fijar la fecha de la audiencia y así resolver la solicitud del Ministerio Público.
Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político tras su participación en las elecciones del 2011. Para ello, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera de Odebrecht US$1.2 millones, dinero que provenía de actos de corrupción.
A cambio de este aporte, una vez en el poder, Fujimori debía entregar a la constructora brasileña “la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.
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