El exsecretario general de Fuerza Popular y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez Gamarra, presentó un recurso de apelación para anular la decisión judicial que lo desposeyó de 256 de sus bienes inmuebles, incautados como parte de la investigación que se le sigue por los delitos de lavado de activos, delito tributario y fraude en la administración en el caso de la Universidad Alas Peruanas.
El recurso de apelación cuestiona la legalidad de la resolución del Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, pues señala que “el juez no ha motivado la necesidad de la medida de incautación y desposesión de los bienes”.
Y que, además, desde marzo del 2021 existe una prohibición judicial inscrita en Registros Públicos para transferir la propiedad de los bienes. “Por lo que no es necesaria una medida más grave”, señala el documento al que accedió el diario ‘La República’.
“No se han individualizado los elementos de convicción que sustentan la necesidad de una incautación y que demuestren un peligro inminente de que los bienes vayan a desaparecer”, dice en la apelación.
Asimismo, indica que la medida se ejecutó cuando la orden judicial ya se encontraba vencida, pues el juez le dio dos semanas –a partir del 14 de marzo- al fiscal especializado en lavado de activos Wilson Salazar para ejecutar la resolución judicial y proceder a incautar los bienes o esta vencería.
José Luis Castillo Alva, abogado de Ramírez Gamarra, arguye que, para evitar la caducidad, el fiscal habría pedido una aclaración, que fue resuelta, según dice, cuando la decisión ya había finalizado.
El recurso de apelación lo revisará el juez que concedió la medida de incautación y desposesión de los bienes. Si la resolución se confirma, la incautación continuará. En caso contrario, los bienes retornan al dominio de Joaquín Ramírez.
Joaquín Ramírez Gamarra, actual alcalde de Cajamarca, fundó una pequeña empresa con un capital de 5mil 100 soles y poco después estaba facturando decenas de millones de soles gracias a un ventajoso convenio con la Universidad Alas Peruanas (UAP), la cual “coincidentemente” era dirigida por su tío, Fidel Ramírez, entre 2003 y 2017.
Según la investigación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, el exsecretario de Fuerza Popular creo el 28 de febrero de 2003 la empresa Lima Ingeniería y Construcción, que se convirtió en el principal contratista de la UAP durante la gestión de su tío Fidel Ramírez Prado como rector y gerente general del centro de estudios.
De acuerdo con la Fiscalía, esta empresa facturó, entre 2003 y 2017, más de de S/67,7 millones, ganancias realmente impresionantes si se tiene en cuenta que el capital inicial apenas superaba los 5 mil soles.
La relación entre Fidel Ramírez, quien falleció en 2019, y su sobrino era tan exitosa, que el excongresista decidió fundar un total de 11 empresas que contrataron con la UAP por más de S/183 millones cuando su tío dominaba el centro de estudios.
Tal como señala un informe de ‘La República’, el “convenio” consistía en que Joaquín Ramírez cedía a su tío Fidel Ramírez un inmueble de su propiedad acondicionado como infraestructura educativa para convertirse en sede de la universidad en provincias, a cambio del 15% del total de los ingresos brutos mensuales que obtenía la UAP. Los convenios tenían una duración de 30 años.
Por ejemplo, el 31 de diciembre de 2007, Fidel Ramírez y Joaquín Ramírez suscribieron un convenio para que un inmueble ubicado en El Bebedero, Tumbes, de propiedad de Lima Ingeniería y Construcción, fuera “cedido” a la UAP hasta el año 2037.
Cabe recordar que Lima Ingeniería y Construcción es la misma empresa de Joaquín Ramírez que cedió a Keiko Fujimori un inmueble en la calle Bucaré, en la Urbanización Camacho (La Molina), desde donde dirigió la campaña presidencial de 2016.
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