Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación
El miércoles pasado, mientras Alan García nos distraía con un show para decir que lo estaban ‘chuponeando’ –algo tan absurdo como su frustrado pedido de asilo en Uruguay–, los congresistas fujiapristas aprobaban dos normas contrarias a la población.
Se trata de la ley del financiamiento ilegal de los partidos políticos y una norma para derogar los millonarios impuestos que desde enero deben pagar las casas de casino y tragamonedas.
La primera –por la que también votaron cuatro congresistas oficialistas– busca beneficiar a Keiko Fujimori y a Alan García, pues, si son sentenciados por el caso Odebrecht, su pena será menor de la que establece la ley por lavado de activos; y la segunda, es un claro lobby a favor de un multimillonario negocio que invade el país.
En el caso de los casinos se trata de un evidente conflicto de intereses del congresista Miguel Torres, uno de los engreídos de Keiko Fujimori.
“Vemos cómo congresistas, con evidentes conflictos de intereses, promueven normas en favor de las empresas privadas”, le dijo el propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry.
Según una bien documentada investigación de las periodistas María Elena Hidalgo y Laura Tarrillo, del diario ‘La República’, los seis casinos más importantes del país son clientes del estudio jurídico de la familia del mencionado legislador.
Y Miguel Torres -¡oh, coincidencia!- fue quien presentó y defiende el informe que recomienda eliminar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aprobado por la Comisión de Constitución, que él mismo preside. Así de simple y fácil.
De aprobarse la medida, el fisco dejará de recaudar S/.500 millones y el 5% de ludópatas limeños crecerá irremediablemente.
No es la primera vez, por cierto, que Torres participa en una propuesta similar. Ocurrió lo mismo cuando se opuso tenazmente a una ley que permitía fiscalizar a las cooperativas.
El estudio jurídico de su familia también tenía como clientes a 18 de esas instituciones financieras. No solo Torres protestó, también lo hicieron las fujimoristas Úrsula Letona, Alejandra Aramayo y Rosa Bartra.
En ese momento, la prensa descubrió que las tres tenían préstamos personales con una conocida cooperativa que bordeaban los S/.700 mil.
Lo que es peor, de los 130 congresistas solo 31 han presentado su declaración jurada de intereses, en la que deben consignar los rubros de sus empresas y negocios, lo que permitiría transparentar las normas que proponen durante su función.
Los resultados del referéndum demuestran que la población repudia a esta clase de congresistas. Nos vemos el otro martes.
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