El diputado Julián Pérez Mallqui dejó este sábado la comisaría de San Miguel luego de cumplir las 48 horas de detención por una denuncia de presunta agresión física y psicológica presentada por su expareja. Aunque recuperó su libertad, la investigación en su contra continúa en la Fiscalía Suprema de Familia, instancia que deberá reunir testimonios, revisar antecedentes y determinar el curso del proceso.
Acompañado por su abogada, el legislador de Juntos por el Perú evitó extenderse en declaraciones, pero aseguró que colaborará con las autoridades y negó haber cometido los hechos que se le atribuyen.
“He sido bastante respetuoso de todo el procedimiento hasta ahora, y seguiré colaborando, pero también quiero dejar en claro que mi relación con la señora, hace 6 meses, yo no tenía nada que ver con ella, pero lamentablemente esto sucedió, yo le deseo lo mejor, que se esclarezca”, manifestó al abandonar la dependencia policial.
El parlamentario explicó que su salida responde únicamente al vencimiento del plazo legal de detención y remarcó que el caso aún no ha concluido.
“Este proceso sigue todavía. Estoy saliendo en libertad porque se ha cumplido los plazos que amerita este caso. Yo soy bastante respetuoso de toda la violencia que pueda existir contra la mujer. Tengo una madre, tengo una hija, y seguro que vamos a legislar a favor”, afirmó.
Mientras Pérez Mallqui recuperaba su libertad, la Fiscalía Suprema de Familia confirmó la apertura de una investigación preliminar mediante la Disposición Fiscal N.° 01-2026-MP-FN-FSF, emitida el 31 de julio.
La investigación fue asumida por esa instancia debido a la condición de diputado del denunciado, ya que la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, que recibió inicialmente el caso, no tenía competencia para continuar con las diligencias.
Como parte del procedimiento, el Ministerio Público recabará la declaración del parlamentario en presencia de su abogado, escuchará la versión de la denunciante y solicitará al Juzgado de Familia competente que evalúe la adopción de medidas de protección.
Además, la disposición fiscal ordena recopilar los antecedentes judiciales, penales y policiales del legislador, así como requerir a la Policía Nacional el informe completo de la intervención realizada el pasado 30 de julio.
Según el reporte policial, el incidente se inició cuando Julián Pérez Mallqui acudió a la vivienda donde se encontraba la denunciante para recoger sus pertenencias. Allí, de acuerdo con el documento, le habría reclamado por no responder sus llamadas telefónicas y habría proferido insultos antes de hacer el ademán de agredirla.
“Conch… tu madre, por qué chuch… no me contestas el celular, con quién estás. Te estoy llamando desde las 5:58 de la mañana. Tú no eres nadie”, le dijo Pérez, quien había acudido a la vivienda de la mujer para recoger sus pertenencias.
La mujer pidió apoyo policial y ambos fueron trasladados a la comisaría de San Miguel. El acta también recoge que, mientras permanecían en la dependencia, los agentes escucharon un forcejeo cuando la denunciante salió hacia los servicios higiénicos.
Las diligencias también comprenden las declaraciones de testigos, entre ellas la de una amiga de la mujer, quien afirmó que la presunta víctima le contó lo ocurrido poco después del incidente.
En medio del caso, la presencia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, en la comisaría de San Miguel durante la madrugada generó cuestionamientos por parte de la defensa del legislador, que pidió evitar la politización del proceso.
Al dejar la comisaría, Pérez Mallqui también dirigió un mensaje a los medios de comunicación y pidió prudencia mientras la investigación sigue su curso.
“Hay un proceso […], sería mejor que ustedes, como prensa, tengan la objetividad de informar al país. Esto todavía está en proceso, voy a ser respetuoso de todo el procedimiento y, según va avanzando este proceso, ustedes van a tener toda la facilidad de tener todos los documentos paso a paso hasta que este proceso termine y salga un fallo”, expresó.
El futuro legal del diputado dependerá ahora de las actuaciones que disponga la Fiscalía Suprema de Familia. Mientras tanto, el parlamentario afrontará la investigación en libertad, a la espera de que las diligencias determinen la veracidad de los hechos denunciados y las decisiones que correspondan conforme a ley.
Contenido GEC