
La vivienda de la empresaria Bertha Padilla, expresidenta de la Cámara de Comercio de Jaén, en Cajamarca, fue blanco de un atentado con explosivos que, según su familia, estaría relacionado con amenazas extorsivas dirigidas contra su hijo, representante de un consorcio que ejecuta una obra de pavimentación. Aunque no hubo heridos, la detonación causó severos daños materiales y reavivó las críticas por la respuesta de las autoridades frente al avance de este delito en la provincia.
Las cámaras de videovigilancia registraron cada movimiento. Un hombre con gorra blanca, casaca gris y el rostro cubierto se acercó hasta la puerta principal del inmueble, dejó un artefacto explosivo y escapó. Instantes después, la detonación destruyó la puerta de ingreso, reventó los vidrios y afectó parte de la fachada y el jardín de la vivienda ubicada en el sector Las Flores.

Dentro de la casa se encontraban varios integrantes de la familia, entre ellos una menor de edad. El ataque no dejó víctimas, pero sí momentos de angustia entre quienes estaban en el inmueble y despertó la preocupación de los vecinos, que salieron a observar los daños ocasionados por la explosión.
Los familiares sostienen que el atentado no fue un hecho aislado. Aseguran que el hijo de Bertha Padilla ya venía recibiendo mensajes extorsivos, presuntamente después de que la empresa que representa obtuviera la adjudicación de una obra de pavimentación en la ciudad.
“Ya desde que escuchamos la explosión nos imaginamos que se trataba de aquí de la casa y que era un explosivo. (...) Se han venido recibiendo amenazas”, relató un familiar.
YA HABÍAN SIDO AMENAZADOS
Días antes del atentado, el representante legal del Consorcio Financista Nuevo Jaén había remitido una carta notarial al alcalde provincial para informar que recibía amenazas de muerte y mensajes extorsivos, además de solicitar medidas de protección para garantizar la ejecución del proyecto de mejoramiento de la movilidad urbana en el cercado de Jaén.
En el documento también dejó constancia de que las amenazas comprometían no solo su seguridad, sino la de los profesionales, técnicos y trabajadores que participarían en la obra. Aun así, el consorcio expresó su decisión de continuar con el proyecto y pidió a la Municipalidad Provincial de Jaén, la Policía Nacional y las demás autoridades adoptar acciones concretas para proteger a todas las personas involucradas.
Tras conocerse ese documento, corresponderá al Ministerio Público y a la Policía Nacional determinar si existe una relación directa entre las amenazas denunciadas previamente y el atentado registrado contra la vivienda de Bertha Padilla.
Las primeras investigaciones apuntan a que el hombre captado por las cámaras llegó acompañado por otro sujeto a bordo de una motocicleta. Después de colocar el explosivo en la puerta principal, ambos escaparon antes de la detonación.

“NO LES TENGO MIEDO”
La respuesta de las autoridades también fue cuestionada por la familia. Según denunciaron, la Policía llegó al lugar aproximadamente tres horas después del atentado para realizar las diligencias.
“La gente no se ha aparecido acá hasta las seis de la mañana, ya tres horas después, que han venido, han tomado sus fotos, han hecho su parte y eso ha sido todo. Ahora estamos desprotegidos”, manifestó un familiar.
Durante una reunión extraordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC), Bertha Padilla afirmó que el problema de las extorsiones afecta a diversos empresarios que ejecutan obras en Jaén y aseguró que quienes exigen dinero no representan a organizaciones sindicales.

“No son sindicatos, son delincuentes”, afirmó al referirse a las personas que, según indicó, envían mensajes de WhatsApp con imágenes de armas para intimidar a los contratistas.
Lejos de retroceder, la empresaria aseguró que continuará denunciando estos hechos y pidió una respuesta más firme de las autoridades. “Yo no les tengo miedo; si me toca morir, moriré, será la voluntad de Dios”, expresó. Además, informó que impulsa, junto con la Cámara de Comercio y otros ciudadanos, un memorial para solicitar al Gobierno el envío de un grupo especializado en la investigación de extorsiones, mientras las pesquisas buscan identificar a los responsables del atentado y establecer si las amenazas previas desembocaron en el ataque contra su vivienda.











