Lugo de la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las protestas sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte, suscitadas entre diciembre y enero de este 2023, la mandataria peruana rechazó que hayan existido “ejecuciones extrajudiciales”, tal como se lee en el documento.
Acompañada de sus ministros de Estado y con la participación virtual del jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, a quien hace unos días se le diagnosticó COVID-19, Boluarte indicó que no comparte algunos cuestionamientos que consigna el informe de la CIDH, aunque aseguró que su gobierno los respeta.
“Hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, mas aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre aún cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, manifestó.
Además, la jefa de Estado saludó que esta comisión haya establecido que el 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo violó el ordenamiento jurídico al dar un golpe de Estado, “atentando de manera indiscutible contra los valores democráticos fundamentales en el sistema interamericano”.
Respecto a las recomendaciones que brindó la CIDH en el informe, la mandataria señaló que ya han implementado acciones a favor de las víctimas y sus familias, como la creación de una comisión multisectorial que se encargue de la atención integral.
“Sobre las recomendaciones de la comisión es importante mencionar que nuestro Gobierno ya ha venido implementando un conjunto de acciones, incluso desde antes que se realicen las investigaciones y que el propio informe así lo reconoce. Se creó una comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de todos los deudos, así como los heridos que sufrieron lesiones de gravedad”, sostuvo.
Una vez más, la presidenta Dina Boluarte lamentó la pérdida de vidas humanas “ocurrida en el marco de las protestas y los actos vandálicos”. Seguidamente, recordó que la Fiscalía ya está realizando investigaciones al respecto.
“El Ministerio Público, actuando de manera independiente, ha conformado un equipo especial de fiscales para casos de víctimas durante las protestas sociales con competencia nacional, el mismo que cuenta con el apoyo técnico de las Naciones Unidas”, acotó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo, y aseguró que ha encontrado posibles casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Ayacucho.
“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, aseguró el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Además, añadió que la violencia en la localidad debe ser investigada “con un enfoque étnico-racial”, y consideró que la situación podría ser considerada como “una masacre”.
Contenido GEC