La expresidenta Dina Boluarte reapareció ante el Poder Judicial con un recurso que apunta directamente a desarmar la decisión del Congreso que la destituyó el 10 de octubre de 2025. A través de una acción de amparo presentada el 21 de noviembre, la exjefa de Estado solicitó que se anule por completo el procedimiento que la declaró “incapaz moral permanente”.
Según la demanda, ingresada ante la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la resolución parlamentaria 001-2025-2026-CR habría violado derechos fundamentales durante el trámite de vacancia. Entre ellos, el debido proceso, el derecho a la defensa y la protección de su honor y buena reputación.
La defensa legal de Boluarte advierte que el procedimiento legislativo avanzó sin un espacio real para ejercer defensa y sin garantizar un mínimo de igualdad. El documento señala que la sesión se desarrolló bajo un mecanismo “exprés” que dejó sin respuesta las observaciones presentadas antes del debate.
Para la exmandataria, no solo se trató de un trámite acelerado, sino de uno que tomó como base hechos en fase preliminar, reportes periodísticos y escándalos mediáticos sin sustento probatorio suficiente. Por ello, sostiene que el Congreso construyó una causal de vacancia sin motivación interna ni externa que la justifique.
La acción de amparo plantea como primer objetivo la anulación de la resolución legislativa que la calificó como incapaz moral permanente. De acogerse esta pretensión, la destitución quedaría sin efecto.
Además, Boluarte solicita que todo el trámite de vacancia se retrotraiga hasta el Oficio 078-2025-2026-ADP/PCR, del 8 de octubre de 2025. Según la defensa, desde ese momento se produjeron las irregularidades que invalidarían el proceso posterior.
La exmandataria también pide que se cesen los efectos de la calificación de “incapaz”, “moral” y “permanente”, al considerarlos lesivos para su reputación. Sostiene que el Parlamento utilizó esa etiqueta sin una imputación formal ni un procedimiento que permita sostener semejante declaración.
Para la defensa, la resolución aprobada por el Pleno se limitó a enumerar casos como Rolexgate, Cofre, viajes al extranjero y cirugías estéticas, pero sin demostrar por qué estos elementos configuran incapacidad moral permanente ni cuál sería el vínculo entre esos hechos y la imposibilidad de ejercer el cargo.
El recurso también plantea un pedido alternativo: que el Poder Judicial emita una interpretación vinculante respecto a los requisitos y límites del proceso de vacancia presidencial.
La defensa considera indispensable que exista un estándar claro para evitar arbitrariedades basadas en mayorías circunstanciales. Por eso, solicita que se precise que el debido proceso debe respetarse siempre, sin importar el número de votos que tenga el Congreso para destituir al mandatario.
Asimismo, pide que se prohíba calificar a un presidente como “incapaz moral” sin una imputación formalmente discutida y aprobada. Esta interpretación, según la demanda, cumpliría un efecto reparador ante situaciones similares en el futuro.
El documento subraya que esta es la primera acción constitucional presentada por Boluarte desde que dejó el cargo. Con ella, busca recuperar su condición jurídica previa a la vacancia e incluso su eventual restitución, si la retroactividad del proceso fuera reconocida por el Poder Judicial.
El abogado Joseph Campos confirmó la presentación del recurso de amparo y señaló que la defensa espera que la Sala Constitucional evalúe el caso con la mayor celeridad, debido a la naturaleza del daño alegado.
La demanda ya se encuentra en manos del Poder Judicial, que deberá decidir si admite a trámite el pedido y si corresponde pronunciarse sobre la validez de la destitución aprobada por el Congreso.
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