La campaña rumbo a las elecciones generales vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez, el foco está puesto en Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, luego de que se conociera que 53 de sus candidatos cuentan con sentencias judiciales firmes consignadas en sus hojas de vida oficiales.
El dato no es menor. Se trata del 20 % de la oferta electoral de APP, integrada por postulantes a la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino. No son procesos en investigación ni denuncias en trámite, sino condenas emitidas por el Poder Judicial y declaradas ante los organismos electorales.
Del total, 32 candidatos buscan llegar a la Cámara de Diputados, 20 aspiran al Senado y uno al Parlamento Andino. Las sentencias abarcan delitos como corrupción de funcionarios, homicidio culposo, lesiones graves, violencia familiar y omisión a la asistencia familiar, entre otros.
Las normas electorales permiten estas postulaciones siempre que los sentenciados hayan sido rehabilitados judicialmente o cumplan penas suspendidas. Sin embargo, la magnitud de los casos ha generado cuestionamientos sobre los filtros internos del partido en la conformación de sus listas.
Entre los casos que más impacto han generado figura el de Yonel Condezo Valderrama, conocido como el “médico del pueblo”, candidato a diputado por Lima. Registra una condena por homicidio culposo en 1995, con dos años de pena suspendida, además de sentencias por omisión a la asistencia familiar y violencia familiar.
Otro nombre que aparece es el de Luis Orihuela Lazo, cirujano y candidato por Junín, sentenciado en 2011 a tres años de prisión suspendida tras la muerte de una paciente durante una intervención quirúrgica. En su hoja de vida también figura una sentencia civil previa.
La lista incluye a Guisela Ayvar Gutiérrez, postulante por Ayacucho, quien fue condenada por lesiones graves tras agredir a su suegra de 75 años en 2023, causándole la amputación parcial de un dedo. La candidata se acogió a la terminación anticipada y fue declarada rehabilitada recientemente.
También aparece Mariano Baca Anaya, exalcalde vacado en 2009 por nepotismo, luego condenado por falsedad genérica tras presionar para la contratación de un familiar durante su gestión municipal.
La investigación periodística también advierte sobre postulantes con antecedentes administrativos y denuncias por presunta corrupción. Edgar León Ordóñez, candidato a diputado, fue inhabilitado tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentación falsa para obtener órdenes de servicio.
En las listas de APP figuran además ocho congresistas en funciones que buscan la reelección. Algunos registran demandas por alimentos, procesos por violencia familiar, denuncias por presuntos “mochasueldos” e investigaciones fiscales por corrupción de funcionarios.
Entre ellos se encuentran Rocío Torres, Magaly Ruiz, Luis Kamiche y Alejandro Soto, quien además postula a la vicepresidencia. Soto registra tres sentencias por difamación y cuestionamientos por presunta contratación irregular de familiares.
El panorama se amplía con la presencia de exministros del gobierno de Dina Boluarte, como Juan José Santiváñez, exministro del Interior y de Justicia, quien registra investigaciones fiscales, impedimento de salida del país y deudas tributarias superiores a los 271 mil soles.
Pese a este escenario, César Acuña ha reiterado en sus mítines un discurso anticorrupción y ha señalado que nunca se ha demostrado que él sea corrupto. Sin embargo, el hallazgo de 53 candidatos con sentencias firmes vuelve a poner en debate los criterios con los que APP armó su oferta electoral.
La ley permite estas postulaciones, pero el peso final recae en el electorado. Con las cartas sobre la mesa, serán los votantes quienes decidan si estos antecedentes son un obstáculo o no para llegar al Congreso y a otras instancias de representación nacional.
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