La Defensoría del Pueblo advirtió que la respuesta estatal para asistir a las ollas comunes, a través de los gobiernos locales, ha tenido serias limitaciones en cuanto a la provisión de alimentos, de agua segura, de mejoras en la infraestructura y equipamiento, entre otras. En esa línea, se han efectuado diversas recomendaciones que permitirán garantizar el óptimo desarrollo de estas iniciativas comunitarias.
Al culminar su supervisión a 103 municipalidades a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo ha advertido que persisten serias limitaciones en diversos ámbitos. Se constató que solo el 25% de las municipalidades encuestadas cumplieron con el registro de las ollas comunes. Asimismo, muchas de ellas no tenían información respecto al número de raciones, ni a la cantidad de personas en situación de vulnerabilidad que se estaban atendiendo.
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Otro dato relevante fue que solo el 32% de municipalidades supervisadas realizaron alguna entrega de alimentos a las ollas de su jurisdicción; incluso, en algunos de estos casos, no se consideró la logística del traslado de esta asistencia. Además, el poco apoyo que recibieron tuvo un financiamiento principal del sector privado (37%), mientras que un porcentaje menor (27%) provino de una asistencia con fuente pública.
Sumado a ello, solo un 23% de las municipalidades supervisadas han realizado acciones para garantizar que las ollas comunes de su jurisdicción cuenten con agua segura para la preparación de sus alimentos. Asimismo, solo un 24% efectuaron medidas para mejorar la infraestructura o el equipamiento de estas iniciativas comunitarias, pese a la necesidad que tienen de mejores condiciones para operar.
En cuanto a las medidas sanitarias, se advirtió que solo el 1% de municipalidades entregó kits de limpieza y solo un 21% brindó kits de protección personal para cautelar la conservación de la salud en el proceso de elaboración de alimentos. Por otro lado, en cuanto a la prevención de la corrupción, solo un 20% de comunas implementaron mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de alimentos y solo un 16% estableció canales de atención a la ciudadanía para denuncias respecto a ello.
NO HAY RESPUESTA
Todo lo anterior revela la insuficiente labor de los gobiernos locales para atender de forma continua a las ollas comunes. Asimismo, evidencia que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), liderado por la ministra Dina Boluarte, tampoco ha organizado una respuesta articulada a mediano plazo, que involucre al sector público y privado.
Ante esta situación, se ha recomendado, a la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobar una política pública que garantice el derecho fundamental a la alimentación, con medidas para la seguridad alimentaria especialmente a población en situación de vulnerabilidad.
Del mismo modo, se ha solicitado al Midis implementar, como ente rector de las políticas públicas y desarrollo social encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, priorice una estrategia integral, a largo plazo, de atención y monitoreo del apoyo a las ollas comunes, en coordinación con los gobiernos locales.
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