Una delegación de la comunidad nativa Shipibo Koniba, representantes de Santa Clara de Uchunya (Ucayali), se trasladó hasta la Defensoría del Pueblo en Lima para presentar una denuncia contra dos destacadas organizaciones no gubernamentales: el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Forest People Program (FPP). La acusación es contundente: estas ONGs estarían violando los derechos humanos de la comunidad al utilizar su nombre sin autorización y acosar a los líderes que discrepan con sus agendas.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, recibió a los líderes y miembros de la comunidad, quienes expresaron su profundo rechazo hacia las acciones de las ONGs mencionadas. Según la denuncia presentada, tanto el IDL como el FPP difunden información falsa sobre la realidad de la comunidad, desestimando a sus autoridades y persiguiendo y criminalizando a quienes no se alinean con sus intereses.
Los líderes nativos destacaron que estas denuncias infundadas, promovidas por personas y entidades ajenas a la comunidad, buscan generar conflictos ficticios con el fin de obtener financiamiento internacional, supuestamente para el beneficio de la comunidad. Sin embargo, aseguran que esos recursos terminan en manos de las propias ONGs y sus operadores.
El Defensor del Pueblo se comprometió a ser la voz de la comunidad ante la comunidad internacional, recibiendo formalmente la denuncia y prometiendo acción. Wilson Barbarán, líder de la comunidad, instó a las autoridades nacionales e internacionales a no ser engañadas y a detener los abusos de estas organizaciones, reclamando el legítimo derecho de la comunidad a vivir en paz y sin manipulaciones externas.
La denuncia realizada ante la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de proteger los derechos y la autonomía de las comunidades nativas frente a prácticas que las vulneran y las instrumentalizan en beneficio de intereses ajenos a su bienestar.
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