“Es una noticia en desarrollo. Espero los descargos del ministro Maurate. Vamos a hacerle un seguimiento especial a esto”, dijo el premier Alberto Otárola, cuando la prensa le preguntó sobre las 180 llamadas que su flamante ministro de Justicia, Daniel Maurate, había intercambiado con varios magistrados corruptos del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Es muy probable que esa noticia –difundida por el portal Epicentro– lo haya tomado de sorpresa, pero Otárola no podía ignorar el rosario de denuncias públicas que tiene Maurate.
Muchos se han preguntado por qué el premier, que ha sabido manejar con notable firmeza las asonadas violentistas luego del golpe de Pedro Castillo, y ahora cuando el Gobierno más necesita ganarse el respaldo ciudadano, se le ocurrió nombrar como ministro a un personaje tan cuestionado.
La lamentable respuesta es que se impuso un cáncer que corroe a los organismos del Estado desde hace décadas: la amistad. Ambos son viejos amigos. En sus años mozos litigaban en varios municipios limeños. Hasta fueron ministros de Defensa y Trabajo durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala.
“Son patazas de años, al igual que sus familias”, me cuenta una fuente cercana a ellos.
En Palacio también sabían de los antecedentes de Maurate, pues, según versiones, se los hicieron llegar a la presidenta Dina Boluarte.
Lo que más sorprende es cómo, con todos los ‘anticuchos’ que tiene, esta persona siempre se ha colocado en puestos claves. El ministro cuestionado es un viejo conocido de este columnista. Recuerdo que en el año 2011, cuando dirigía la Unidad de Investigación de El Comercio, descubrimos que había adulterado certificados de experiencia para trabajar en la Municipalidad de Independencia.
En ese momento, Maurate era director de la Discamec –el organismo que controla el uso de armas de fuego y explosivos– y se vio en la obligación de renunciar después del destape periodístico que hicimos.
Pero -¡oh, sorpresa!- en el año 2014 fue designado viceministro de Trabajo y al año siguiente, aunque usted no lo crea, ministro de ese portafolio. Por ese entonces, también se conoció que había sido abogado de un ciudadano chino investigado por lavado de activos y estaba prófugo, así como de un empresario chimbotano acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un fiscal de Casma.
Su suerte no se acabó cuando terminó el gobierno humalista. Hace unos días se conoció que, en los últimos años, cobró más de 300 mil soles por defender legalmente a funcionarios públicos denunciados por diversos motivos durante su gestión.
El argumento que ha esgrimido el Gobierno para no defenestrarlo es falaz: se lo necesita para enfrentar el informe que está por emitir la CIDH por las muertes en las revueltas violentistas de diciembre y enero.
Que se sepa, Maurate puede ser un buen profesional, pero no es una eminencia jurídica. Señor Otárola, corregir un error enaltece a la persona que se equivocó. Nos vemos el otro martes.
Así no pues, premier Otárola
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