El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se encuentra en el ojo de la tormenta. Un grupo de congresistas de distintas bancadas presentó una moción de censura multipartidaria en su contra, tras conseguir 35 firmas, superando el mínimo requerido. ¿El motivo? Su presunta incapacidad para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en el país.
En el documento de nueve puntos, los legisladores acusan al premier de no tener una estrategia multisectorial ni un diagnóstico claro para frenar el crimen organizado, el sicariato, la extorsión y los atentados. Denuncian que los homicidios aumentaron 36.6% en 2024 respecto al año anterior, mientras el Gobierno no da respuestas eficaces.
Uno de los hechos que desató la indignación fue la reciente masacre en Pataz, donde 13 trabajadores mineros fueron asesinados tras ser secuestrados por una organización vinculada a la minería ilegal. La oposición responsabiliza al premier por minimizar el caso desde un inicio, al asegurar que la denuncia no era “veraz”.
La moción también cuestiona a Adrianzén por respaldar al exministro del Interior Juan José Santiváñez, y por designar en su reemplazo a Julio Díaz, sin cambios efectivos. Además, critican la gestión del Ejecutivo en otros temas delicados:
La presidenta Dina Boluarte no se quedó callada y salió en defensa de su premier. Desde Palacio cuestionó duramente la iniciativa del Congreso y lanzó una pregunta a los legisladores: “¿Con la censura y salida del ministro Santiváñez se solucionó el problema de la inseguridad ciudadana?”
Agregó que es fácil censurar, pero que también se debe ver “todo el trabajo que este Ejecutivo está realizando”.
Para que la censura prospere, se necesitan 66 votos en el Pleno del Congreso. La tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo vuelve a escalar, y Adrianzén podría convertirse en el próximo ministro en caer si no logra convencer al Parlamento de su permanencia.
Por ahora, el premier sostiene que la PNP ha cumplido con su labor y que el Gobierno “no ha dejado de cumplir su deber”.
¿Censura en camino o maniobra política? El Congreso tiene la última palabra.
Contenido GEC