Las trifulcas políticas que a diario ocurren en el país han hecho que un acontecimiento de trascendencia mundial en la lucha contra el narcotráfico, ocurrido hace unas semanas, haya pasado desapercibido: la captura en Bolivia del fiscal general de esa nación, Roger Mariaca, quien fue arrestado junto con catorce fiscales, policías y exfuncionarios públicos. Y lo mismo ocurre con el retiro de la visa estadounidense a un juez peruano que tuvo una dudosa participación en un proceso contra un presunto narcotraficante.
La de Bolivia fue la primera operación multinacional de este año que se realiza en dicho país, que es el tercer productor de cocaína en el mundo, después de Colombia y Perú.
Mariaca tejió una red criminal dentro de su propia institución para proteger al poderoso narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, arrestado en marzo pasado y extraditado a Estados Unidos.
Misma película de Netflix, horas después de su detención, cuatro personas de su entorno intentaron sacar de su domicilio 300 mil dólares camuflados en los compartimientos de una ambulancia, pero fueron aprehendidos. Los cargos contra Mariaca son por los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
La detención de esa máxima autoridad fiscal se enmarca dentro de la iniciativa Escudo de las Américas que impulsa el Gobierno de Estados Unidos, para apoyar a los países de la región en donde la corrupción y el narcotráfico tienen profusa actividad. Antes de esa operación, EE. UU. le había retirado a Mariaca la visa estadounidense.
Durante 18 largos años, el narcotráfico boliviano se infiltró impunemente en el sistema de justicia y el gobierno. Esto se debió a que, en el año 2008, el presidente y dirigente cocalero Evo Morales expulsó a la DEA de Bolivia, acusándola falsamente de querer sabotear su gobierno. Lo mismo hizo con el entonces embajador estadounidense Philip Goldberg. La DEA volvió a operar en diciembre pasado ante un pedido del actual mandatario Rodrigo Paz. Este es su primer golpe desde su retorno a ese país.
El retiro de visas estadounidenses a autoridades sospechosas también ha alcanzado a un funcionario peruano. Es el juez Juan Núñez Matos. Núñez emitió un fallo que favoreció a la empresa china que administra el puerto de Chancay, para evitar ser supervisada por un organismo del Estado. La polémica sentencia fue revocada por una Sala Superior.
El antecedente que también ha pesado contra Núñez es un dudoso veredicto que paralizó una prolija investigación que realizaba la policía antidrogas, con apoyo de la DEA, contra un presunto narcotraficante conocido con el apelativo ‘Eteco’.
“Este juez, con esa polémica decisión, se tiró por tierra toda la investigación y la frenó de una manera que nos sorprendió totalmente. Nosotros, en la investigación, hicimos todo lo correcto, respetando el debido proceso (…) Este juez, sin considerar que nosotros estábamos acumulando pruebas conforme a la normativa, dispuso que se cerrara todo tipo de investigación”, declaró a Perú21 el coronel PNP (r) Wálter Lozano, quien participó directamente en dicha investigación.
¿Cuántos funcionarios más de cuello y corbata están en la mira de las autoridades estadounidenses? Muchos tiemblan. Nos vemos el otro martes.
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