¿Tiene algo que ocultar? El expresidente Pedro Castillo se negó a ser interrogado por el Ministerio Público como parte de la investigación que se le sigue por el caso de la empresaria Sada Goray y los presuntos actos ilícitos en los proyectos avalados por el Fondo Mivivienda y el Ministerio de Vivienda.
Esta es la tercera vez que el expresidente es convocado para que declare por la recepción de dinero proveniente de Sada Goray Chong y la empresa Marka Group, entre otros hechos, pero nuevamente se quedó en silencio.
Según fuentes del diario ‘El Comercio’, representantes de la Fiscalía de la Nación y la Procuraduría General de la República (PGE) se trasladaron el último miércoles hasta el Penal de Barbadillo, donde Pedro Castillo cumple prisión preventiva, a fin de concretar la diligencia.
Sin embargo, durante la sesión, el investigado exmandatario se acogió a su derecho de guardar silencio, cuestionando la participación de los representantes de la Unidad Funcional que sigue casos contra altos funcionarios de la PGE.
No obstante, su cuestionamiento contra los defensores del Estado fue rechazado por el representante del Ministerio Público, al señalar que la participación de los procuradores ya fue admitida por el Poder Judicial.
Ante ello, Castillo Terrones -quien estuvo acompañado por su abogado Eduardo Pachas- decidió no declarar.
El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que el expresidente fue “puntual” ante los fiscales al decir que es inocente y que no ha liderado ninguna organización criminal y, luego de ello, guardó silencio.
“Ha dicho que no conoce a la señora Sada Goray, nunca en su vida la ha visto. Al señor Mauricio Fernandini, nunca ha tenido relación; ni ha pedido ningún tipo de dinero a nadie; y por lo demás ha guardado silencio”, afirmó en declaraciones para el diario ‘El Comercio’.
Como se recuerda, Sada Goray Chong buscó que el periodista Mauricio Fernandini logre contactarse con funcionarios del gobierno de Pedro Castillo y el exministro Alvarado habría respondido a los intereses de la empresaria a través de su entonces asesor Salatiel Marrufo.
Fue a través de Alvarado y Marrufo que la empresaria habría entregado más de S/4,5 millones, que habrían sido repartidos entre el expresidente y terceros, según aspirantes a colaboradores eficaces que han declarado en la investigación.
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