La historia de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por el caso de Andrés Hurtado, dio un nuevo giro este martes. Luego de varios días en condición de no habida, la exfuncionaria del Ministerio Público se entregó a las autoridades tras conocer que el juez supremo Juan Carlos Checkley había ordenado su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
Las imágenes difundidas por el Poder Judicial la mostraron vestida de blanco, con lentes oscuros y rostro sereno, durante la audiencia de control de identidad realizada en el Palacio de Justicia. Su presentación se produjo pocas horas después de que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público prorrogara por tres meses su suspensión preventiva.
Peralta es investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho en una trama de sobornos vinculada al exconductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, y al empresario aurífero Javier Miu Lei. De acuerdo con la tesis fiscal, la magistrada habría pedido 100 mil dólares para abrir un proceso de lavado de activos contra una empresa rival de los clientes de Hurtado.
La situación judicial de Peralta cambió radicalmente en pocos días. El pasado 30 de octubre, el juez Checkley dispuso su excarcelación al considerar que no existían elementos suficientes que acreditaran riesgo de fuga u obstrucción de la justicia. La fiscal abandonó el penal anexo de mujeres de Chorrillos al día siguiente.
Sin embargo, la fiscal suprema Zoraida Ávalos presentó un recurso para anular esa decisión. Según el Código Procesal Penal, dicho pedido debía resolverse antes de concretar la liberación. Al advertir el error, Checkley rectificó su resolución y dispuso que la salida de Peralta solo procedería una vez que el fallo quedara firme.
Ante la imposibilidad de ubicarla en sus domicilios, el juez ordenó su captura con alerta a la Policía Nacional, al Registro de Requisitorias del Poder Judicial, a la Interpol y a Migraciones. En ese contexto, la magistrada optó por entregarse voluntariamente en el Palacio de Justicia.
La investigación fiscal gira en torno al presunto pago de un millón de dólares por parte del empresario Javier Miu Lei para recuperar 100 kilos de oro incautados por el Ministerio Público en 2020. Según la versión de Iván Siucho, colaborador eficaz en el proceso, Hurtado habría sido el intermediario entre Miu Lei y la fiscal Peralta.
El exconductor de televisión, conocido por su personaje de ‘Chibolín’, habría presentado a empresarios dedicados a la compraventa de oro para gestionar, con la ayuda de la fiscal, la devolución del metal precioso. También se le atribuye haber coordinado la apertura de una investigación contra la empresa competidora Paltarumi, supuestamente a pedido de Miu Lei.
En declaraciones pasadas, Peralta negó los cargos y aseguró que el proceso en su contra era injusto. En una audiencia de octubre, pidió al juez Checkley que le concediera la libertad alegando problemas de salud y la muerte de su madre durante su encarcelamiento. “Yo necesito urgentemente un tratamiento para mis terapias... El hecho de haber perdido a mi madre acá en prisión me afectó mucho”, expresó con la voz quebrada.
Mientras tanto, Andrés Hurtado permanece recluido. Si bien el Poder Judicial ordenó su libertad al vencer una medida por tráfico de influencias, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el conductor continuará en prisión debido a una segunda orden de prisión preventiva vigente hasta marzo de 2026, esta vez por un caso de cohecho pasivo específico.
El caso “Oro”, como se le conoce en los registros judiciales, ha salpicado a otros funcionarios del sistema de justicia. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial abrió procesos disciplinarios contra la presidenta de la Corte Superior de Lima, María Vidal, y la jueza Paola Valdivia por supuestas irregularidades procesales vinculadas a esta trama.
Por ahora, Elizabeth Peralta afronta nuevamente la justicia, esta vez bajo custodia, mientras el país sigue atento al desenlace de uno de los casos más polémicos de los últimos años, donde el poder, el dinero y la corrupción parecen entrelazarse una vez más en los despachos judiciales del Perú.
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