El dinero llegaba en sobres de manila y se movía lejos de las ventanillas bancarias. Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, habría recibido y trasladado miles de dólares por encargo de personas vinculadas a Christian Olivos Gonzales, alias ‘Chicho’, señalado como presunto líder de la organización criminal ‘La Gran Manzana’. La Fiscalía sostiene que estos fondos estarían relacionados con el narcotráfico y forman parte de una investigación por lavado de activos que también comprende millones de soles y transferencias al extranjero.
Las conversaciones de WhatsApp incorporadas al expediente y el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz describen la presunta ruta del efectivo. Según la investigación, el exconductor de televisión utilizaba a su entonces trabajador de seguridad y chofer, José Moro, para recoger, trasladar y entregar importantes cantidades de dinero. Los encuentros se realizaban en un centro comercial de Miraflores, donde los billetes eran entregados dentro de sobres.
Uno de los testimonios que recoge el Ministerio Público es el de Orangel Ortega Tovar, quien relató que las cantidades entregadas podían alcanzar los 50 mil dólares. “Los montos variaban. Podrían ser algunas veces $20 000 o $50 000”, declaró el aspirante a colaborador eficaz.
En otra parte de su declaración, el testigo explicó cómo se realizaban los encargos y quién entregaba el dinero al trabajador de Hurtado. “El señor Andrés me ordenaba que vaya a ese lugar para llevar o recoger dinero. Me entregaba el dinero la señorita Tatiana. Sabíamos que era hermana de la persona conocida como Chicho”, manifestó. Según la investigación, Tatiana, hermana de Olivos, era quien proporcionaba los paquetes a Moro.
Los chats también registran movimientos de 15 mil, 24 mil y 27 mil dólares fuera del circuito bancario. La Fiscalía sostiene que Hurtado recurría a personas de confianza para depositar efectivo en cuentas de terceros, fraccionar operaciones y realizar transferencias internacionales. En los mensajes también aparecen instrucciones para entregar dinero a sus familiares y remitir las constancias de los depósitos.
La relación con Christian Olivos, alias ‘Chicho’, también fue abordada hace un par de años por el dominical Panorama. Un reportaje difundió documentos oficiales que señalan que el empresario era investigado por la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, por presunto lavado de activos relacionado con el tráfico ilícito de drogas. Los documentos lo vinculan con un proceso ante el Tribunal del Distrito de Nueva Jersey y llevan la firma del agente especial Joseph Strocchia.
En 2009, la Policía peruana incautó casi cuatro toneladas de cocaína que tenían como destino España y que pertenecían a una red vinculada a ‘La Gran Manzana’ y al cártel de Sinaloa. Años después, en 2014, una operación judicial incluyó el allanamiento de 37 inmuebles y la incautación de bienes valorizados en 20 millones de soles.
El reportaje de Panorama reveló en ese momento que Hurtado habría celebrado su cumpleaños en Nueva York junto a ‘Chicho’, apenas dos meses antes de su detención. Olivos, por su parte, continuaría en libertad en Estados Unidos, donde afronta sus propios problemas judiciales, mientras mantiene actividades vinculadas a su empresa ‘Lo mejor de Perú en USA’, dedicada a organizar espectáculos musicales y que tenía al exconductor como figura para promocionar sus eventos.
Las investigaciones financieras también comprometen a Hurtado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 407 transferencias realizadas entre 2016 y 2024 hacia las cuentas de sus hijas Génesis y Josetty Hurtado, además de su exesposa María Cartaya. El monto acumulado asciende a 1 millón 263 mil dólares, equivalentes a más de 4,3 millones de soles. A ello se suman abonos no justificados por más de 9,5 millones de soles detectados en seis empresas vinculadas al expresentador, según la Fiscalía.
Actualmente, Andrés Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho por las investigaciones que afronta por presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La Fiscalía también indaga posibles fondos procedentes de la minería ilegal y la corrupción de funcionarios. Entre tanto, los nuevos elementos documentales y testimoniales podrían ser considerados por las autoridades al evaluar una eventual ampliación de su prisión preventiva.
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