¿Trabajo a cambio de beneficios penitenciarios? El penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo, se habría convertido extrañamente en una plataforma para conseguir empleo en el Congreso. Una investigación de Cuarto Poder reveló que la hija del director de ese establecimiento penitenciario, el hijo de un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y un exdirector del mismo penal consiguieron puestos remunerados en espacios vinculados a Juntos por el Perú. Dos de los contratos tienen sueldos de S/8300 y S/8000 mensuales, respectivamente.
Uno de los casos que llamó la atención es el de Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli, hija de Calixtro Lucero Rodríguez, director del penal de Barbadillo, ubicado en Ate. La joven fue contratada como técnica en el despacho de la diputada Azucena Isla Rojas, de Juntos por el Perú, donde percibe S/8300 mensuales. Según el reportaje, su incorporación se produjo en agosto pasado y no registraba experiencia laboral previa.
La contratación adquiere mayor interés por las imágenes difundidas en la investigación periodística. Cámaras de América Televisión captaron a Calixtro Lucero trasladando en su vehículo a una persona vinculada al entorno de Castillo, luego de salir del establecimiento penitenciario. Uno de los registros corresponde al 18 de octubre, aunque otra referencia del informe señala el 5 de noviembre.
La segunda contratación identificada corresponde a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo de Juan Ramón Hurtado Barrenechea, agente del INPE asignado a la custodia del expresidente. El joven trabaja como técnico de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados y recibe una remuneración mensual de S/8000.
Cuando fue abordado por el equipo de Cuarto Poder en los pasillos del Parlamento, Alejandro Hurtado confirmó que su padre trabaja en el INPE y está asignado al penal de Barbadillo. Sin embargo, negó que su progenitor hubiera intervenido para conseguirle el puesto. Ante las preguntas sobre su contratación, respondió: “No tengo nada que hablar, gracias”.
El reportaje también recogió versiones de fuentes que señalaron que Juan Ramón Hurtado tendría un papel relevante dentro del equipo penitenciario y sería una persona de confianza de Castillo durante su reclusión. ¿Recompensa por algún beneficio concedido al expresidente?
La tercera persona vinculada a estos nombramientos es Héctor Sandoval Moreno, quien fue director del penal de Barbadillo y ahora se desempeña como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Este grupo de trabajo es presidido por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca y tiene entre sus asuntos pendientes la evaluación de proyectos de amnistía para Castillo.
La incorporación de Sandoval también despierta cuestionamientos por sus antecedentes en el establecimiento penitenciario. En 2023, el exfuncionario fue citado por la Comisión de Fiscalización para responder por presuntas facilidades otorgadas al expresidente durante su reclusión, entre ellas una entrevista que Castillo concedió a un medio extranjero desde el penal.
Por su parte, la diputada Azucena Isla Rojas defendió la contratación de Yulissa Lucero y aseguró que respondió a una necesidad de su despacho. La parlamentaria negó que Castillo le hubiera recomendado incorporar a la joven y sostuvo que no mantiene ningún vínculo con el director del establecimiento penitenciario. “Al expresidente lo visito. Pero (...) desconozco al señor Calixtro Lucero”, manifestó ante una consulta del programa.
La legisladora también rechazó que la contratación tuviera alguna relación con el exmandatario. Mientras tanto, Yulissa Lucero y Alejandro Hurtado evitaron ofrecer declaraciones sobre la posible influencia de sus respectivos padres en sus nombramientos dentro del Parlamento.
En el caso de Héctor Sandoval, el exdirector de Barbadillo descartó que Pedro Castillo hubiera intervenido para conseguirle el puesto de asesor en la Comisión de Justicia. Cuando fue consultado por su trayectoria y los méritos profesionales que respaldaron su incorporación, remitió las preguntas a la oficina de Recursos Humanos del Congreso.
La investigación periodística pone atención en la coincidencia de estas tres incorporaciones en espacios vinculados a Juntos por el Perú, especialmente porque una de las comisiones que ahora integra el exdirector del penal tendrá que evaluar iniciativas legislativas relacionadas con la situación del expresidente, quien cumple una condena de 11 años de prisión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
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