La historia del brasileño Bruno de Souza Costa —conocido en el mundo criminal como Marroni— parecía encaminada a terminar en una celda de máxima seguridad. Pero un vacío en el proceso de extradición lo dejó libre en territorio peruano. De Souza, señalado como uno de los líderes del Comando Vermelho, llegó incluso a obtener un DNI peruano con documentos fraudulentos antes de que su verdadera identidad saliera a la luz.
Su caso se hizo público luego de se revelara que el cabecilla consiguió una partida de nacimiento en Masisea en julio del 2023, sustentada en certificados y declaraciones presuntamente falsas. Reniec detectó indicios de falsedad ideológica y anuló tanto la inscripción como el DNI. Aun así, el criminal había logrado camuflarse en el país bajo el nombre de Kevin Mapis de Souza.
La investigación avanzaba con documentos, alertas rojas y reportes internacionales, hasta que un episodio inesperado lo expuso por completo: el hombre que se hacía llamar Kevin no estaba perdido ni escondido. Estaba secuestrado. Fuertemente golpeado, maniatado y vigilado por una banda criminal que exigía 40 mil dólares para dejarlo libre.
“Tenemos una banda criminal, todos nacionales… lo han estado extorsionando sabiendo que era buscado en su país”, detalló el jefe de la Divincri Ucayali, José Téllez, tras el operativo que permitió rescatarlo en Maraví. Allí, un suboficial en actividad, implicado en el secuestro, terminó delatando la ubicación del cautivo.
Las imágenes del operativo mostraron la escena: “Tranquilo, somos la policía, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su nombre?”. La respuesta fue el punto de quiebre. “Mi nombre es Kevin… Kevin Mapis de Souza”. Minutos después, bajo protección, ya no habló como Kevin, sino como Bruno de Souza Costa. Tenía 32 años y vivía en Perú desde hacía ocho.
El hallazgo marcó el inicio de una investigación que conectó Ucayali con Río de Janeiro. Brasil lo buscaba por asesinatos, torturas, secuestros, tráfico de drogas y armas. Cargaba una alerta roja de Interpol y formaba parte de una de las facciones más violentas del Comando Vermelho, organización criminal que opera en la Amazonía y otras regiones brasileñas.
Mientras tanto, sus captores —entre ellos el suboficial Frank Wilfredo Rodríguez Torres y otros integrantes identificados como ‘Los Intocables de la Ley’— enfrentaban cargos por secuestro, extorsión y robo agravado. Las autoridades confirmaron que el grupo mantenía al brasileño en constante movimiento para evitar que fuera hallado.
Tras ser entregado a la justicia peruana, el Poder Judicial ordenó diez meses de prisión preventiva. Fue trasladado a Ancón I bajo estrictas medidas de seguridad por su alta peligrosidad. A la par, la Policía Federal Brasileña llevaba a cabo un megaoperativo en Río de Janeiro contra su facción del Comando Vermelho, considerado el más violento del país.
Pero mientras avanzaban las investigaciones, el proceso de extradición se estancó. Según la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Brasil no presentó la solicitud formal en los 60 días establecidos en el tratado bilateral. Sin ese documento, la ley impedía mantenerlo detenido.
La jueza Sally Beltrán dispuso entonces su liberación inmediata el 21 de noviembre. Se ordenó comparecencia con restricciones y un impedimento de salida del país por cinco meses. No hubo mayores argumentos: la falta de la solicitud dejaba sin sustento legal su permanencia en prisión.
El caso pasó a la Oficina de Asesoría Jurídica y a la Subdirección de Depuración Registral, mientras continuaban las indagaciones sobre la red que permitió que De Souza obtuviera documentación peruana. Hasta el momento, no existen sanciones administrativas por la inscripción irregular.
El Comando Vermelho, surgido en el sistema penitenciario de Río de Janeiro, opera bajo un esquema descentralizado con jefes regionales y alianzas locales. Según reportes oficiales, De Souza manejaba operaciones desde fuera de Brasil, ordenando ejecuciones y castigos internos con extrema violencia.
Hoy, pese a la alerta internacional que pesa sobre él y a las investigaciones abiertas, Bruno de Souza Costa —o Marroni— permanece libre en Perú, a la espera de que se decida su futuro judicial.
Contenido GEC