
La fachada era sólida. Víctor Eduardo Meza Escobar, de 47 años, aparecía en redes sociales rodeado de escenarios, luces y viajes por Europa. Mostraba cadenas de oro, autos de alta gama y una rutina que encajaba con la de un empresario exitoso. Su nombre estaba ligado a una productora de eventos llamada VICMEZ, con la que proyectaba una imagen de prosperidad.
Pero detrás de esos paseos por París, joyas y autos Maserati o Porsche, valorizados en más de 150 mil dólares, la investigación policial encontró otra historia. Según la Policía Nacional del Perú, el dinero que sostenía ese estilo de vida no provenía de negocios formales, sino de una estructura de extorsión que operaba sobre empresas de transporte público en San Juan de Lurigancho.

El contraste quedó expuesto tras su captura en un departamento dúplex en el malecón de Miraflores. En ese inmueble, cuya mensualidad supera los 2.000 dólares, fue intervenido con más de un millón de soles en efectivo. La escena cerraba el círculo de una vida que, según los investigadores, se había construido con dinero ilícito.
Las pericias financieras permitieron seguir el rastro del dinero. Depósito tras depósito, transferencia tras transferencia, las cuentas vinculadas a Meza Escobar reflejaban un movimiento constante. En apenas diez meses, entre enero y noviembre de 2025, realizó 386 operaciones bancarias en una sola cuenta.
LA RUTA DEL DINERO Y LOS LUJOS
La investigación estableció que la organización criminal, denominada ‘Las Cuentas del Miedo’, logró recaudar más de nueve millones de soles. Ese dinero, según la policía, provenía de empresas de transporte que eran obligadas a pagar para poder operar.
El esquema incluía una inscripción inicial que podía alcanzar entre 20 000 y 30 000 soles, seguida de cuotas semanales o quincenales que llegaban hasta los 17 000 soles. Diez empresas de transporte, entre ellas Etufsa 73, El Rápido, Rumi y Turismo San Juanito, habrían alimentado ese circuito.
El dinero no ingresaba de forma directa. Era fragmentado y distribuido en más de 50 cuentas bancarias a nombre de recaudadores y gestores. Luego, mediante transferencias internas, se concentraba en cuentas principales, entre ellas las de Meza Escobar.
Según la policía, él era el responsable directo de la trazabilidad del dinero. “A su cuenta entraba el dinero”, precisaron. Solo en sus movimientos personales se detectó un ingreso aproximado de un millón y medio de soles.
Ese flujo constante financiaba una vida sin restricciones. Departamentos frente al mar, autos valorizados en más de 150 mil dólares y eventos exclusivos formaban parte de un patrón que las autoridades ahora vinculan con el cobro de cupos.
Incluso se determinó que parte del dinero era desviado a plataformas de apuestas y casinos, en un intento por diluir su origen. Sin embargo, el seguimiento financiero permitió reconstruir el circuito completo.

EL COSTO HUMANO DETRÁS DEL LUJO
Mientras el dinero circulaba, la violencia sostenía el sistema. Según la investigación, las empresas que se negaban a pagar eran blanco de ataques armados, incendios o atentados con explosivos. El miedo funcionaba como mecanismo de control.
Las pruebas no solo son financieras. Una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, modelo APX, incautada durante los operativos, fue vinculada a cuatro hechos criminales en San Juan de Lurigancho. Entre ellos, el ataque contra la empresa Mandarino, donde dos choferes resultaron gravemente heridos.
Además, el arma fue utilizada en otros atentados que dejaron heridos y un fallecido, según la pericia balística. Estos elementos refuerzan la conexión entre la estructura financiera y los actos violentos que sostenían la red.

Un testimonio recogido en la investigación señala que alias ‘Chileno’, como era conocido Meza Escobar, ordenaba pagos para ejecutar ataques. Transferencias detectadas muestran envíos de dinero a personas vinculadas a hechos de sicariato.
La organización tenía jerarquías claras. Junto a Meza Escobar, otro presunto cabecilla, Antoni Gregori Villaverde, aparece como pieza clave. En total, 18 personas fueron detenidas, entre ellas 15 gestores y recaudadores.
La caída de la red expuso también un dato relevante: Meza Escobar tenía una condena previa de 25 años por robo agravado, que debía cumplir hasta 2029. Sin embargo, obtuvo libertad condicional en 2020, nueve años antes de lo previsto.
Desde entonces, según las autoridades, no retomó una vida alejada del delito, sino que pasó de los penales a un esquema que combinaba extorsión, lavado de dinero y ostentación.
El caso deja al descubierto una estructura donde el lujo no era un fin, sino el resultado visible de una cadena que comenzaba con el cobro de cupos y terminaba en cuentas bancarias, propiedades y bienes de alto valor.
Hoy, con la red desarticulada, las autoridades sostienen que se trata de uno de los golpes más importantes contra la extorsión en lo que va del año. Entretanto, las investigaciones continúan para determinar el alcance total de una organización que convirtió el miedo en ingresos y el delito en una forma de vida.
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