
El caso de la pediatra Minosska Pinto Lazo dejó de ser una hipótesis abierta para tomar forma dentro de un expediente fiscal que reúne testimonios, registros digitales y evidencia material. Las confesiones de los detenidos, sumadas a las diligencias policiales, reorientaron la investigación hacia un presunto complot que habría sido articulado desde el entorno más íntimo de la víctima.
Durante los primeros días, el crimen transitó por diversas líneas de investigación. Sin embargo, la captura de los integrantes de la banda ‘Los Monstruos del Norte’ marcó un punto de quiebre. Las declaraciones recogidas por el Ministerio Público comenzaron a delinear una estructura criminal con funciones específicas y una planificación previa.

El avance más determinante se produjo tras la detención de Luis Alejandro Rojas Guillén, alias ‘Cara de Chancho’. Su intervención, luego de 18 días de seguimiento policial, permitió establecer conexiones clave dentro de la red criminal. Fue ubicado en un bar de Piura, tras labores de inteligencia que incluyeron la homologación de cámaras de seguridad y el análisis de sus redes sociales.
Las autoridades señalaron que el detenido registraba antecedentes por robo agravado, tráfico de drogas y sicariato. A partir de su captura, se logró identificar a otros implicados y reconstruir los movimientos posteriores al asesinato, incluyendo la ruta de fuga hacia la ciudad de Talara.
CAPTURA Y ESTRUCTURA CRIMINAL
La fiscalía identificó al menos tres participantes directos en la ejecución del crimen. Cristian Alberto Socola Bayona, alias ‘Ite’, cumplía la función de vigilante. Según su testimonio, recibió instrucciones precisas para ubicar a la víctima en los exteriores de una clínica cercana al colegio Don Bosco.
“El día 10 de abril a las trece horas recibí una llamada por parte de un desconocido quien me pidió que me trasladara hasta el colegio Don Bosco… iba a salir una chica con uniforme color verde y mochila color azul”, declaró ante la fiscalía.
El arma presuntamente utilizada en el homicidio fue encontrada en el condominio donde Socola fue capturado. De acuerdo con la investigación, ese inmueble habría sido alquilado por Sergio Junior Sevillano Gutiérrez, alias ‘El Viejo’, señalado como quien coordinaba la operación.
Por su parte, Junior Francisco Miñán Seminario, alias ‘Muerte’, fue identificado como el conductor de la motocicleta utilizada en la fuga. Los testimonios coinciden en que, tras el ataque, los tres implicados abandonaron la ciudad rumbo a Talara.
Uno de los elementos que fortalecen la investigación es el rastro de pagos digitales. Según la policía, alias ‘El Viejo’ canceló el transporte de los implicados mediante la aplicación Yape. Ese movimiento financiero permitió rastrear vínculos y reconstruir desplazamientos, incorporándose como evidencia dentro de la carpeta fiscal.
Las autoridades también analizaron conversaciones por chat entre los involucrados, lo que permitió consolidar la hipótesis de una operación coordinada y previamente planificada.

CONFESIONES Y POSIBLE AUTOR INTELECTUAL
Las declaraciones de los detenidos incorporaron un elemento central en la investigación: la mención a un presunto autor intelectual. Según Socola, el encargo provenía de una persona identificada como ‘El Doc’, a quien vinculó con William Seminario Girón, exesposo de la víctima.
Otro de los implicados afirmó que Luis Alejandro Rojas Guillén le habría señalado que el crimen fue encargado por la expareja de la doctora por una presunta infidelidad, ofreciendo un pago de 10,000 soles por el “trabajo”. En otra declaración recogida en el expediente se señala: “Hermano… la expareja ha hablado con un tal Viejo y ese Viejo había quedado conmigo que yo la mate”.
La carpeta fiscal también incorpora información sobre la relación entre la víctima y su exesposo. Se consignan conflictos económicos, entre ellos la solicitud de préstamos por 15,000 dólares al padre de la doctora para cubrir problemas financieros en un centro médico, así como tensiones personales vinculadas a diferencias de ingresos.

En paralelo, la investigación incluyó el hallazgo de pólizas de seguro de vida contratadas por la pediatra, que en conjunto sumaban aproximadamente 1,3 millones de soles. Al menos dos de estos seguros consignaban como beneficiario a William Seminario Girón, lo que reforzó la hipótesis de un posible móvil económico.
Pese a los señalamientos, el médico negó cualquier participación en el crimen. “Yo no estoy vinculado con lo que estén investigando… las investigaciones sobre el asesinato… de mi esposa”, declaró, calificando el proceso como una injusticia. Su defensa sostiene que no existen elementos suficientes y cuestiona las sindicaciones.
Actualmente, los tres autores materiales permanecen bajo custodia policial mientras se evalúan las pruebas reunidas, entre ellas el arma incautada, los registros de transferencias y los chats entre los implicados. La audiencia programada para el 5 de mayo será clave para definir la situación de los investigados.
El caso mantiene movilizada a la comunidad médica y a los familiares de la pediatra, quienes continúan realizando vigilias y actos públicos. La exigencia se mantiene: que las confesiones sean validadas y que el proceso judicial avance con los elementos reunidos para determinar responsabilidades en un crimen que sigue en investigación.










