“Ocho años, no menos”. Esa es la condena que Jorge Petrozzi, abogado del adolescente de 16 años que denunció haber sido víctima de agresión sexual por parte de seis compañeros del Liceo Naval Almirante Guise, espera conseguir para los acusados, quienes cumplen internamiento preventivo mientras avanza el proceso. El letrado sostuvo que esa es la máxima sanción contemplada para menores infractores y pidió que el caso llegue a juicio antes de que venzan los cuatro meses de la medida preventiva.
En entrevista con el programa ‘Beto a Saber’, Petrozzi explicó que, aunque jurídicamente se denomine internamiento, la medida implicaría que los adolescentes permanezcan privados de su libertad durante ocho años si esa fuera la decisión final de un juez.
“Los ocho años de condena, eso es lo que espero, no menos, eso es lo que debería de ocurrir”, declaró el abogado al referirse a su pretensión para los seis investigados.
El defensor comparó esa eventual sanción con la que correspondería si los acusados fueran adultos. Según explicó, en ese supuesto la pena podría ubicarse entre los 30 y 35 años, antes de la cadena perpetua.
“Si fueran mayores de edad, les correspondería entre treinta y treinta y cinco años. Después de los treinta y cinco años viene la cadena perpetua”, sostuvo Petrozzi, quien utilizó esa comparación para explicar la gravedad que atribuye a los hechos denunciados.
El abogado señaló que su solicitud de ocho años está relacionada con dos circunstancias que considera agravantes: la participación de más de dos personas y la crueldad que, según afirmó, habría caracterizado el ataque.
“Han sido más de dos, o sea, en grupo”, manifestó. Añadió que el documento del Juzgado de Familia reconoce esas circunstancias como factores que agravan la responsabilidad de los adolescentes investigados.
Petrozzi insistió en que su objetivo no es generar un castigo por satisfacción personal, sino establecer una consecuencia que sirva como precedente frente a hechos similares.
“Tiene que ser una sanción ejemplificadora. En otras palabras, que al que se le vuelva a ocurrir hacer una gracia como esta, le quede bien claro que se puede ir ocho años preso”, afirmó.
El abogado también remarcó que no busca un trato vejatorio para los adolescentes durante un eventual internamiento. “No me satisface el drama humano, ni el de mi cliente ni el de las otras personas. Pero sí quiero justicia, porque eso es lo que la familia me ha pedido”, sostuvo.
Más allá del pedido de condena, Petrozzi expresó preocupación por el tiempo que podría tomar la investigación preparatoria. Según explicó, esta etapa puede extenderse entre 60 y 90 días y ampliarse si el proceso es declarado complejo.
El riesgo que advierte el abogado es que esos plazos terminen coincidiendo con el vencimiento de los cuatro meses de internamiento preventivo dictados contra los seis adolescentes.
“Si se toman todo ese tiempo para la investigación preparatoria, el día que venza ese plazo, ya se va a haber vencido también el plazo de los cuatro meses de internamiento”, señaló.
Por ello, planteó que el Ministerio Público avance con mayor rapidez hacia una eventual acusación y posterior juicio. “Como las evidencias son abrumadoras, el fiscal no tiene por qué tomarse los sesenta o los noventa días. El fiscal puede tomarse dos o tres semanas bien trabajadas y decir, nos vamos a juicio”, afirmó.
Petrozzi consideró incluso que, con un proceso ágil, podría existir una sentencia antes de que concluya el internamiento preventivo. “Si realmente quieren trabajar bien, yo creo que en cuatro meses pueden dictar una condena”, sostuvo.
Pero el abogado también anunció que su estrategia legal no se limitará a los seis adolescentes. Adelantó que durante la próxima semana presentará una denuncia penal contra los adultos que se encontraban en el bus escolar donde, según la denuncia, ocurrió la agresión.
En ese vehículo, de acuerdo con lo señalado por Petrozzi, viajaban el chofer, un profesor de Educación Física que cumplía funciones de entrenador y otro docente. El abogado consideró que los dos profesores podrían tener responsabilidad y mencionó las figuras de omisión de funciones y omisión de ayuda a una persona en peligro.
“El chofer no creo que tenga ninguna responsabilidad, la verdad, él estaba manejando el vehículo”, afirmó, antes de diferenciar su situación de la de los dos docentes.
Petrozzi también cuestionó la actuación del colegio y de la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, entidad que, según indicó, administra la institución educativa. Sostuvo que ni el plantel ni esas autoridades habrían presentado una denuncia formal luego de conocer lo ocurrido.
“Nosotros no hemos tenido conocimiento hasta el momento ni que el colegio ni la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, que es la que rige a los colegios, ni la Marina como tal haya tomado alguna acción legal contra estos”, afirmó.
El abogado recordó que la denuncia que dio origen al caso fue presentada por el padre del adolescente y cuestionó el primer comunicado difundido por el colegio, en el que los hechos fueron descritos como una agresión física entre estudiantes. “Ese comunicado penoso que sacó el colegio indicando sobre las agresiones físicas sufridas por un alumno es una evidente intención de tapar el problema”, sostuvo.
Mientras los seis adolescentes permanecen bajo internamiento preventivo, la defensa de la víctima espera que la investigación avance dentro del plazo establecido. Para Petrozzi, el objetivo inmediato es llegar a juicio y buscar una condena de ocho años, mientras que las eventuales responsabilidades de los adultos deberán ser evaluadas en el proceso penal que anunció.
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