
Una denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años puso bajo investigación lo ocurrido dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. El adolescente, quien cursa cuarto de secundaria, habría sido víctima del hecho durante el retorno de una actividad deportiva.
La situación ocurrió el 15 de septiembre, luego de que el equipo escolar participara en un campeonato interliceos de futsal. Durante el trayecto entre Surco y San Borja habría sucedido la presunta agresión. Un día después, la familia del menor acudió a la comisaría de San Borja y formalizó la denuncia ante las autoridades.
Tras conocer el caso, efectivos policiales acudieron al plantel e intervinieron a varios escolares. Inicialmente se informó sobre ocho retenidos, pero la Fiscalía precisó posteriormente que eran diez adolescentes. Las diligencias permitieron recoger sus testimonios y reunir otros elementos destinados a esclarecer lo ocurrido.
Mientras avanzaban esas actuaciones, el estudiante afectado pasó por medicina legal y quedó pendiente su declaración mediante cámara Gesell. La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro confirmó después que seis alumnos de quinto de secundaria permanecían involucrados en las diligencias.

El Ministerio Público debe establecer cuál fue la participación individual de los adolescentes y precisar las circunstancias en las que sucedió el hecho. También deberá reconstruir el recorrido del vehículo y determinar si este permanecía detenido o avanzaba durante el episodio.
Además, existe una interrogante respecto de los adultos que acompañaban a los escolares. La Defensoría del Pueblo informó que en la unidad viajaban el conductor y dos representantes del colegio, por lo que las autoridades deberán establecer si advirtieron lo ocurrido, qué hicieron ante esa situación y si cumplieron con sus funciones de supervisión.
Caso Liceo Naval: separan a directora, docente y entrenador
En medio de las investigaciones, la Marina de Guerra anunció la separación de la directora, una docente y el entrenador del Liceo Naval Almirante Guise. La institución educativa, por su parte, señaló que mantiene coordinación con las autoridades y que entregará la información solicitada para contribuir con el esclarecimiento del caso.
Asimismo, el colegio indicó que adoptará medidas disciplinarias si se comprueban responsabilidades, de acuerdo con su reglamento y la normativa vigente. La Defensoría del Pueblo cuestionó, además, que el primer comunicado institucional calificara lo ocurrido como una agresión física y pidió información sobre posibles antecedentes de bullying u otros episodios de violencia escolar.
Liceo Naval: seis adolescentes fueron enviados a Maranguita
La noche del 17 de septiembre se conoció una de las principales decisiones judiciales. El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, mientras continúa el proceso por la presunta violación sexual de su compañero.
La medida fue solicitada por el Ministerio Público. Antes de esta disposición, los menores habían permanecido en una comisaría especializada para las primeras diligencias, acompañados por sus padres. Debido a su edad, el proceso se desarrolla bajo el sistema de justicia penal juvenil.
Caso Liceo Naval: medidas para proteger al estudiante
Paralelamente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda asesoría legal y atención psicológica al adolescente y a su familia mediante el Programa Nacional Warmi Ñan. También se acordó que los alumnos investigados reciban clases remotas durante el desarrollo de las diligencias.
La disposición busca evitar un encuentro entre los escolares involucrados y el estudiante afectado dentro de las aulas. Si las autoridades determinan responsabilidad, podrían aplicarse medidas socioeducativas, entre ellas el internamiento en un centro juvenil especializado, según la gravedad que establezca el Poder Judicial.
Liceo Naval: protocolos también están bajo revisión
El caso también puso atención sobre las obligaciones vinculadas al transporte escolar. Los protocolos de convivencia establecen que, ante indicios de un delito, corresponde proteger de inmediato al alumno afectado, registrar lo sucedido y comunicarlo a las autoridades competentes.
Por ello, además de determinar qué ocurrió dentro del bus, las diligencias deberán establecer si se cumplieron los deberes de supervisión durante el traslado. Las declaraciones de los estudiantes, del conductor y del personal educativo serán parte de los elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

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