Casi dos décadas después de una noche que marcó su vida para siempre, la justicia alcanzó a los responsables. El Poder Judicial condenó a 17 años de prisión efectiva a los efectivos policiales Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero por la tortura y violación sexual de Azul Rojas Marín, ciudadana trans y activista de la comunidad LGBTI, en hechos ocurridos en 2008 en la comisaría de Casa Grande, en La Libertad.
La sentencia no solo sanciona a los responsables, sino que fija un precedente inédito en el país. Es la primera vez que la justicia peruana condena a agentes del Estado por tortura sexual motivada por prejuicio contra una persona LGBTI, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El fallo llega tras una prolongada lucha judicial. Durante años, el caso fue desestimado por instancias nacionales, hasta que el sistema interamericano reconoció la gravedad de los hechos y la responsabilidad del Estado peruano por no garantizar justicia ni atención adecuada a la víctima.
En 2022, como parte de las medidas de reparación, el Estado realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió perdón a Azul Rojas Marín y a su familia por el daño irreversible causado.
El 25 de febrero de 2008, Azul Rojas regresaba a su vivienda cuando fue intervenida por efectivos policiales bajo el pretexto de solicitarle documentos de identidad. La intervención derivó en una detención arbitraria y su traslado a la comisaría local.
Dentro del recinto policial, fue golpeada, insultada y agredida sexualmente. Los agentes la desnudaron a la fuerza, la sometieron a violencia física y psicológica, y la violaron utilizando una vara de goma, mientras la castigaban por negarse a brindar información y por su orientación sexual.
La Fiscalía acreditó que los abusos estuvieron acompañados de reiterados insultos homofóbicos y humillaciones, lo que evidenció un ensañamiento motivado por su identidad de género y su pertenencia a la comunidad LGBTI. Las secuelas físicas y psicológicas fueron profundas y se prolongaron en el tiempo.
Pese a denunciar los hechos tras recuperar su libertad, el testimonio de Azul fue desestimado por distintas instancias judiciales y fiscales. La falta de investigación efectiva y la incredulidad frente a su relato marcaron un proceso que se extendió durante años.
Azul Rojas Marín, quien nació el 30 de noviembre de 1981, al momento de su detención se identificaba como hombre gay, aunque actualmente se identifica como mujer.
Ante la ausencia de justicia en el ámbito nacional, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte IDH. Ambas instancias calificaron los hechos como tortura sexual y la detención como arbitraria y discriminatoria.
En su sentencia, la Corte IDH responsabilizó al Estado peruano y ordenó reabrir las investigaciones, juzgar a los responsables y adoptar medidas de reparación. Solo después de ese fallo internacional se impulsó un nuevo juicio contra los policías implicados.
La fiscal adjunta provincial Ketty Garibay Mascco, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, sustentó la acusación y acreditó la secuencia de abusos durante el proceso oral.
Aunque el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años y seis meses de prisión, el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional impuso finalmente una condena de 17 años de cárcel efectiva, además de la inhabilitación para ejercer funciones policiales.
El juzgado, integrado por la jueza Nayko Coronado Salazar y los magistrados Max Vengoa Valdiglesias y Wilmer Quispe Umasi, también ordenó el pago de una reparación civil de 150 mil soles y dispuso la ubicación y captura de los sentenciados.
La sentencia cierra un capítulo abierto durante casi dos décadas y marca un hito en la justicia peruana, al reconocer y sancionar la tortura sexual motivada por discriminación, en uno de los casos más emblemáticos de violencia policial contra una persona de la comunidad LGBTI.
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