El presidente de la Corte Superior de Lima Norte, Vicente Pinedo Coa, señaló hoy que la incidencia delictiva en los distritos del cono norte, entre ellos Los Olivos, donde 13 personas murieron al interior de una discoteca, es “bastante alta”. Según dijo, en los últimos cuatro años los delitos contra el patrimonio (hurto, robo) se incrementaron en 29%; los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud crecieron en 15,68%, seguidos de la omisión a la asistencia familiar con 13,31%.
Pinedo mencionó que si bien en el 2020 se redujo esta incidencia, debido a las medidas de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, el porcentaje sigue siendo alto.
“El problema es la informalidad, esta faltando el principio de autoridad y que las autoridades competentes asuman acciones preventivas. Después corresponde establecer las responsabilidades penales porque si eso no ocurre este tipo de delitos van a seguir ocurriendo”, comentó en diálogo con este Diario.
Sobre la reciente tragedia en Los Olivos, mencionó que si bien no tiene precedentes por la magnitud del hecho, esta corte ha actuado en esa jurisdicción estableciendo sanciones a personas infractoras del aislamiento social, principalmente por participar en reuniones sociales.
Consultado sobre la situación legal del alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, el magistrado precisó que los jueces “no pueden actuar de oficio”, sino a través de un requerimiento previo del Ministerio Público. Si enfatizó que todas las responsabilidades en este caso tendrán que establecerse.
Pinedo Coa se sumó a los cuestionamientos contra este burgomaestre, quien ha dicho que en el caso de las muertes en la discoteca su responsabilidad es “emocional”, y que no ha podido fiscalizar por falta de recursos.
“Como funcionarios públicos es fácil decir ‘como no tengo recursos, no puedo cumplir la función’, pero pongámonos en el caso de los policías, que tienen tantas limitaciones; sin embargo están cumpliendo sus funciones”, expresó el magistrado.
Comentó que además tendrá que analizarse la participación de otras entidades como Defensa Civil, que habría expedido una autorización de funcionamiento a Thomas Restobar, así como el contrato de arrendamiento del establecimiento, que tiene que constar en los Registros Públicos, pues podría haberse firmado recién para eximir algunas responsabilidades.
En ese sentido, Pinedo Coa insistió en que se tendrán que establecer todas las responsabilidades del caso, porque de lo contrario “esto se va a desbordar y se va a convertir en un desorden, en un caos total y se nos va a ir de las manos”.
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