La trata de personas es uno de los negocios ilícitos que mayores ganancias de origen ilegal generan en el mundo. Perú no es ajeno a esa terrible realidad y se estima que esa actividad ilícita mueve 1300 millones de dólares al año, según la investigación ‘Las economías criminales y su impacto en el Perú’
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Este estudio fue dado a conocer durante un balance de la acción del Estado frente al delito de Trata de Personas, presentado por la Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo. Ambos organismos renovaron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, que es una alianza estratégica para enfrentar las nuevas dinámicas de la trata de personas en el Perú.
Según las actividades vinculadas a las distintas formas de trata de personas y su comparación con parámetros internacionales, el estudio hace una aproximación y concluye que cada año los explotadores obtienen unos 700 millones de dólares por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros 600 millones de dólares por actividades relacionadas a la explotación laboral.
“Esto significa una ganancia de S/ 28 875 anuales por cada una de las víctimas de trata de personas, cifra que contrasta con los apenas S/ 0.12 por persona que invierte el Estado para prevenir y perseguir el delito, así como para proteger a los afectados y financiar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas”, informó la Defensoría del Pueblo.
En las modalidades de captación, el estudio revela que los tratantes o traficantes de personas aprovechan el espacio digital para el delito y usan las redes sociales. Durante los primeros seis meses de pandemia se superaron las 100 mil descargas de pornografía infantil, lo cual se traduciría en 19 millones de soles gastados en el consumo de este ilícito material en Internet.
“Los cálculos que presentamos son conservadores (la realidad es mucho mayor). Si a eso se le suma la ausencia de información certera sobre el estado real de la trata de personas en el Perú, ¿cómo enfrentamos el delito? ¿Cómo se protege a las víctimas? ¿Cómo aseguramos que no regresen al círculo de explotación del que salieron?”, cuestionó Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.
Afirmó que “la realidad es que los grupos criminales se fortalecen e innovan frente a lo que hace el Estado para combatir el delito”.
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“Es necesario fortalecer mecanismos de articulación y actuación oportuna por parte de los operadores de justicia, para la prevención, persecución y sanción del delito en entornos digitales, garantizando en cada actuación la observancia del Interés Superior del Niño en cumplimiento de la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030″, sostuvo la defensora del pueblo, Eliana Revollar.
Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, también refirió que, a través de dos sistemas (administrados por el Ministerio del Interior y el Ministerio Público) el Perú registra información relacionada a la trata de personas y sus distintas finalidades. Sin embargo, las cifras de ambas dependencias son radicalmente distintas entre sí.
Además, falta de información sobre el impacto de este delito en las personas migrantes.
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