Un total de 913 entidades públicas incumplieron su obligación de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) la información relativa a la totalidad de las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas, incluyendo aquellas que fueron anuladas.
De acuerdo al Comunicado N° 004-2022-OSCE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la cifra de entidades infractoras abarca el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2021 al 31 de marzo del 2022.
El registro de la información sobre las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas es importante para fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos que se invierten para cumplir los fines, metas y objetivos institucionales; toda vez que los datos que se deben registrar corresponden a la entidad contratante, monto contratado, certificación de crédito presupuestario y/o la previsión de recursos, así como el registro administrativo de su ejecución presupuestal, datos del contratista, fecha de emisión de la orden, descripción del objeto materia de contratación, entre otros.
Las entidades incluidas en el referido listado -disponible en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/i/2946935 - cuentan con diez (10) días hábiles, contados a partir del 06 de mayo del 2022, para subsanar las omisiones incurridas. Aquellas entidades que no cumplan con la debida subsanación, se hará de conocimiento del titular de la entidad respectiva, conforme a las acciones reguladas en la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD; además de ser reportadas al Sistema Nacional de Control para que se adopten las medidas correctivas correspondientes.
La acción de supervisión realizada por el OSCE se efectuó conforme al artículo 52 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y a la referida directiva, que regula las “Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE”.
El OSCE ratifica su compromiso con la transparencia en las contrataciones públicas, para lo cual continúa avanzando en la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente y de las obligaciones correspondientes a las entidades públicas.
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