Como parte de las medidas que ayuden a evitar mayores casos de infectados por coronavirus en el penal de Tumbes, la oficina regional de la Defensoría del Pueblo invocó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a garantizar el derecho a la salud de los internos y trabajadores penitenciarios.
En ese sentido, recomendó que se les de prioridad a los adultos mayores, madres con niños y gestantes para contrarrestar los efectos de la pandemia.
De esta manera, la referida institución señaló que el penal no cuenta con el servicio de médicos a su disposición debido a que la doctora contratada ya no acude a cumplir con sus labores, lo cual pondría en peligro la salud de alrededor de 1148 internos, entre los que se encuentran niños que permanecen en compañía de sus madres.
Según informó, hasta la fecha, se ha contabilizado el fallecimiento de un interno, mientras que otras veinte personas entre reos y personal penitenciario han dado positivo al coronavirus. Por ello, Abel Chiroque, representante del ente defensor solicitó al INPE atender de manera inmediata a los pacientes COVID-19 y que se puedan hacer las pruebas de descarte en todo el penal.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo manifestó que continuará con su labor de velar por su mandato constitucional respecto a la defensa de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y otros grupos de especial protección.
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