Personal de la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco clausuró el Instituto de Investigación de Desórdenes del Espectro Autista (Asdri) por carecer del permiso municipal y la licencia por Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). Estos tras la denuncia de un grupo de padres de familia respecto a que en dicho local se maltrataba y se sometía a dietas extremas a niños con autismo.
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La comuna detalló que trabajadores de Asdri no atendieron los llamados a la puerta de las autoridades, pese a que se evidenció que se encontraban en el interior del inmueble. Se le impuso una multa de 12 mil soles, que equivale a 3 unidades impositivas tributarias (UIT). Se colocaron dos papelotes que daban cuenta del cierre del centro terapéutico.
“Ella (la propietaria) ha dado de baja la empresa hace una semana para evitar cualquier tipo de problemas. La multa va a nombre de ella (Giselle Barrantes). No cuenta con licencia de funcionamiento ni Defensa Civil. Hemos tocado la puerta. Hay bulla adentro, pero no nos abren. Por resistirse a la intervención, se pone la sanción respectiva”, expresó Luis Iparraguirre, supervisor de Fiscalización de Surco.
Al lugar llegaron los abogados de las familias denunciantes. Ellos responsabilizaron directamente a Giselle Barrantes, directora de Asdri. La Municipalidad de Surco enfatizó que el numeral de la vivienda había sido retirado de la pared. El inmueble clausurado figura en la avenida Pedro Candia 394, en la urbanización Valle Hermoso.
El caso de la denuncia sobre presuntos maltratos a niños con autismo durante los tratamientos en Asdri está siendo investigado por el tercer despacho de la Segunda Fiscalía de Surco-Barranco
“La denuncia está formulada desde el 21 de octubre. Nosotros continuamos con este proceso porque hemos denunciado 10 delitos. A la fecha vengo recibiendo llamadas de extrabajadores de este centro que quieren dar su testimonio porque esta persona (Giselle Barrantes) viene operando desde el 2015. Tampoco tiene permiso del Ministerio de Salud”, expresó Patricia Tubilla, abogada de los padres denunciantes.
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