A fin de reducir el tremendo impacto que causa la minería ilegal en Áreas Naturales Protegidas, como en la región de Madre de Dios, donde la deforestación, la explotación sexual y laboral son amenazas constantes, los expertos propusieron en calificar la minería ilegal y sus actividades preparatorias como acciones del crimen organizado.
“Esto supone un cambio en el Código Penal y una oportunidad para los operadores de justicia en la región”, aseveró Luisa Ríos, coordinadora de la Oficina Regional de Madre de Dios de la SPDA, que remarcó la necesidad de un presupuesto adecuado e indicadores que permitan al Estado implementar de manera eficiente el Plan de Restauración recientemente aprobado.
“Hace unos días el presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano refirió que entre la última semana de octubre y la primera semana de noviembre el comité recibió tres alertas de ataques contra familiares que advierten estas actividades ilegales”, contó Ríos.
Proteger el medio ambiente y los recursos naturales en el Perú se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Los peligros se incrementaron en nuestro país incluso en la pandemia, pues desde marzo del 2020 se han registrado los casos de 10 personas asesinadas por ser defensores ambientales, y de los cuales 8 eran integrantes de comunidades indígenas.
Frente a este aumento de amenazas contra los protectores ambientales y la intensificación de la minería ilegal y narcotráfico en regiones donde se ubican las Áreas Naturales Protegidas, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) propició un amplio debate con el fin de construir políticas públicas para lograr una Amazonía sostenible y un territorio más seguro para las poblaciones indígenas.
Durante el debate virtual “Amazonía y territorio: propuestas para una gestión integral”, que formó parte del evento “El Perú que necesitamos: propuestas para una agenda de desarrollo sostenible”, los expertos resaltaron la implementación del mecanismo intersectorial en defensa de las personas defensoras de los derechos humanos, el cual fue aprobado en abril pasado, y la necesidad de una ley para su protección. Este mecanismo busca evitar que ocurran muertes violentas de líderes indígenas a través de una prevención efectiva, rápida protección y acceso a la justicia.
Silvana Baldovino, directora del Programa Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, refirió que “perder un defensor es mellar en nuestra confianza, en nuestra identidad y en nuestro liderazgo positivo que queremos como país”.
Un segundo tema que abordaron fue cómo cerrar la brecha en la titulación de los territorios de los pueblos indígenas. Actualmente, hay 680 comunidades nativas a nivel nacional y otras comunidades campesinas que aún no son reconocidas por el Estado.
Una propuesta que plantearon es fortalecer del rol de los gobiernos regionales mediante la transferencia de presupuesto con metas claras. Dicha transferencia deberá aplicarse en un ámbito para la georreferenciación.
“Existen comunidades que han sido delimitadas con sistemas clásicos que hoy no son compatibles con nuestro sistema y que requieren atravesar este nuevo procedimiento para el cual no se han establecido metas ni presupuesto”, explicó Katherine Sánchez, abogada del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA.
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