La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señala en un comunicado que la intervención de la Policía Nacional para desalojar a comuneros del sector denominado Takiruta de Las Bambas, en la región Apurímac, se realizó en el marco de la ejecución de una “defensa posesoria extrajudicial” tramitada por la referida minera y “no por decisión del Ejecutivo”.
Según menciona la PCM, dicha acción legal se encuentra regulada en el artículo 920 del Código Civil, y fue invocada por la empresa Las Bambas el pasado 16 de abril, a fin de solicitar a la PNP la defensa posesoria de los terrenos ocupados por la comunidad campesina de Fuerabamba desde el 14 de abril.
“Por ley, la oficina jurídica de la PNP evalúa dicha solicitud y, si concluye que concurren todos los requisitos de ley, resuelve ejecutar el desalojo correspondiente. El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento”, señalan.
El comunicado publicado este jueves es similar a otro que difundió la PCM en la víspera, día del desalojo, pero que luego borró.
Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú es un órgano del Estado que depende del Ministerio del Interior, que a su vez es parte del Poder Ejecutivo.
Precisamente, como resultado de esta diligencia de desalojo, la PNP informó que esta se realizó con respeto a los DD.HH. y que el general PNP Roger Pérez Figueroa lo encabezó al mando de 676 efectivos policiales de la Región Policial Apurímac, donde “recuperaron 100 % los predios invadido a la minera Las Bambas”.
Tras los enfrentamientos ocurridos ayer entre comuneros y fuerzas del orden, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, dijo hoy en Exitosa que no permitirán la permanencia de la minera MMG Las Bambas y que esta “les ha declarado la guerra”.
“Las Bambas nos ha traicionado cuando el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando, pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró.
“Ayer nos han desalojado a bombas, perdigones, golpes y masacres. No nos vamos a quedar acá. Por lo tanto, quiero decir a nivel nacional que las Bambas no va, no va a ir más”, agregó.
RPP reportó que este jueves los comuneros seguían lanzando piedras contra las instalaciones de la minera e incluso intentaban atacar un helicóptero de la minera, por lo que fueron repelidos con gases lacrimógenos.
La PCM señala en su comunicado que apuesta por el diálogo y por ello desde el 14 de abril, fecha en la que la comunidad de Fuerabamba ingresó a los terrenos, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM remitió un oficio a ambas partes, exhortándolas a continuar el diálogo y convocándolas a reunión con la comisión del Gobierno Nacional (con participación de PCM, Minem y Mininter), la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.
Señalan que el 20 de abril lograron reunirse con la comunidad de Fuerabamba, que propuso la resolución de las diferencias entre las comunidades de Chila y Choaquere con Las Bambas, como una condición para levantar sus medidas de fuerza.
“Ante esto, el Minem y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo propiciaron espacios de diálogo de manera permanente entre las comunidades de Chila y Choaquere con Las Bambas (los días 25 y 26 respectivamente), buscando una alternativa de solución por la vía del consenso, dentro del marco de la ley. Tras no llegar a un acuerdo entre las partes (en el caso de la comunidad de Choaquere) la reunión se reprogramó”, indican.
Sin embargo, cabe señalar que la comunidad campesina de Chila canceló la reunión prevista con el Ejecutivo para el lunes 25 en Apurímac, debido a que el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, llegó tarde a la cita.
“Ayer nosotros tuvimos una reunión en PCM, porque era de urgencia, y llegué un poquito tarde por el transporte. Usted sabe que salimos de Lima y llegamos a Cusco y de Cusco a Apurímac”, justificó Palacios. La reunión en PCM a la que se refería es la que se convocó para aprobar el proyecto del Ejecutivo que plantea una consulta popular para la elaboración de una nueva Constitución Política.
La PCM también precisa que el desalojo no fue una consecuencia del Decreto Supremo Nº 042-2022-PCM, que dispone el Estado de Emergencia, pues si bien fue publicado el día del desalojo, miércoles 27, su vigencia es a partir del día siguiente. “Es falso, por tanto, que el día en el que ocurrieron los hechos ya regía el estado de excepción”, señalan.
“Lamentamos que como consecuencia del desalojo haya heridos de parte de la comunidad y de los efectivos policiales. Desde el Ejecutivo estamos asegurando su atención para su pronta recuperación. Asimismo, se viene investigando cualquier presunto acto irregular durante la ejecución del desalojo”, añaden.
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