La Contraloría General de la República identificó que el terreno donde se construye el Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, en la provincia de Satipo (Junín), se ubica en una zona que no cuenta con los servicios básicos de agua, alcantarillado, drenaje pluvial, telefonía e internet, entre otros.
Dichos requisitos se exigen en la Norma de Salud del Reglamento Nacional de Edificaciones, con los cuales no cuenta el nuevo terreno. La comisión auditora también evidenció que no se cumple con la Norma Técnica de Salud y se carece de la habilitación urbana y licencia de edificación respectiva.
De acuerdo al Informe de Visita de Control 021-2020-OCI/5341-SVC se detalla además que las obras se realizan en un espacio distinto al establecido en el expediente técnico aprobado. También se observa que no existe un expediente con el nuevo emplazamiento físico, lo que podría afectar la culminación de la obra en los plazos previstos, con el riesgo de generar mayores costos al proyecto.
Los auditores de Contraloría identificaron que el contratista ejecutó los trabajos en un terreno ubicado en la urbanización La Palmeras, en el distrito de Río Negro, cuando en el expediente primigenio se establecía la avenida Daniel Alcides Carrión N° 398, en Satipo.
No obstante, se precisa que el Gobierno Regional (Gore) Junín, a cargo de la obra, emitió una resolución ejecutiva para la reubicación geográfica del proyecto debido a que el terreno inicialmente elegido presentaba factores de riesgo, como la existencia de un cementerio a 41 metros del proyecto, un grifo de combustible y una escuela.
El máximo ente de control evidenció que en el nuevo terreno donde estará ubicada el nosocomio no se realizó el estudio de impacto ambiental, por lo que las obras se llevan a cabo sin certificación ambiental, tal y como se establece en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Además, la Contraloría alertó que el Gore Junín pagó al contratista más de 8 millones de soles por concepto de adelanto de materiales e insumos, sin que exista un expediente técnico congruente con el nuevo terreno del proyecto, lo que podría afectar la efectividad de los pagos realizados, con el riesgo que se continúe otorgando el adelanto hasta el 20% del monto contractual.
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