La Defensoría del Pueblo demandó garantizar el funcionamiento permanente y sostenido de los comedores del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y de las ollas comunes, a fin de apoyar a la población en situación de pobreza y pobreza extrema en medio la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Según la institución, El Estado peruano debe adoptar acciones inmediatas para garantizar el derecho a la alimentación, en especial, de aquellas familias que tienen menos recursos para afrontar en un nuevo confinamiento obligatorio. “Esta debe ser una prioridad del actual Gobierno y del próximo”, señala.
En un comunicado, la Defensoría consideró oportuno el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros de disponer medidas de apoyo alimentario para las ollas comunes y comedores del PCA.
“Sin embargo, es necesario que dichas intervenciones sean implementadas de manera coordinada con los gobiernos locales, a fin que no se repitan las mismas falencias que advertimos en el 2020″, precisa.
La Defensoría del Pueblo informó que, en el último semestre del 2020, el 51% de 258 comedores populares, de 125 municipalidades supervisadas a nivel nacional, registraron un incremento de usuarios. De esta cifra, el 76 % precisó que no contaban con los insumos necesarios para afrontarlo.
Además, advirtió que el 77.9 % de las municipalidades solo habría realizado una entrega, con cobertura para tres meses, de los kits de limpieza y de protección para los comedores. Es decir, los comedores no contaron con suficientes implementos de bioseguridad para prevenir y frenar los contagios.
También recordó que, al 10 de diciembre de 2020, las 125 comunas tenían en promedio 74.7 % de nivel de ejecución del presupuesto asignado para comprar los productos para los comedores del PCA.
Frente a esta situación, la Defensoría señaló que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) debe garantizar la asignación del presupuesto a los gobiernos locales a cargo de la implementación de los comedores del PCA, acorde al incremento de necesidades y personas usuarias que se ha reportado a raíz de la pandemia del COVID-19.
“Asimismo, debe brindarles asistencia técnica y acompañamiento para asegurar la compra de los productos nutritivos que deben ser distribuidos de manera inmediata a los comedores para garantizar su funcionamiento sostenido e ininterrumpido”, se lee en el comunicado.
Por último, señala que el Midis no cuenta con data sobre el número de ollas en todo el país debido a la carencia de un registro oficial. Asimismo, esta iniciativa comunitaria no ha sido tomada en consideración en el Programa Hambre Cero, recientemente aprobado por dicho ministerio.
“Es importante la implementación de una sala situacional que cuente con información sobre cómo se viene asistiendo a estos servicios de alimentación para las familias más vulnerables ante esta crisis sanitaria, social y económica”, indica.
Conforme a la información recabada por la Mesa de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la que participa la Defensoría del Pueblo, solo en Lima y el Callao existen 1068 ollas comunes que asisten a un promedio de 117 987 personas, las cuales no cuentan con condiciones básicas para operar adecuadamente.
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