Un total de 64 denuncias ha atendido la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional, desde el 17 de marzo a la fecha, de las cuales 10 de ellas son por presuntas irregularidades en la sobrevaloración de canastas de víveres y padrones que benefician con el Bono S/380 a allegados de funcionarios y servidores ediles, según el reporte general elaborado por el Coordinador Nacional de dicho subsistema del Ministerio Púbico, Omar Tello Rosales.
También figura el reciente caso de presunta sobrevaloración en la compra de 35 ventiladores mecánicos para el Hospital de Emergencias Covid-19 de Ate Vitarte.
Entre las entidades ediles, cuyos funcionarios o servidores son investigados debido a que ellos, sus familiares o allegados figuran en el padrón de beneficiarios del bono inicial de S/ 380 otorgado por el Gobierno Central, estan las Municipalidades Provinciales de Andahuaylas (Apurímac), Ilo (Moquegua) y las Municipalidades Distritales de Talavera (Apurimac), Acochaca (Asunción-Ancash), Ascensión (Huancavelica) y Tantarica (Contumazá-Cajamarca).
Asimismo, en torno a las supuestas prácticas ilícitas durante la compra y entrega de canastas de víveres para las personas de escasos recursos, figuran la Municipalidad Provincial de Nauta (Loreto) y las Municipalidades Distritales de Salitral (Morropón-Piura), San Juan Bautista (Maynas-Loreto) y San Pedro de Chana (Ancash).
En las dos primeras se habría producido una presunta sobrevaloración en la adquisición de los productos de primera necesidad para la canasta de víveres de emergencia. El tercer caso se trata de la distribución de menor cantidad de víveres de los que figuraban en las actas de entrega; mientras que el último caso es por la supuesta entrega de canastas de alimentos a los familiares de una regidora.
En todos estos casos, tipificados como delitos de peculado de uso, peculado doloso, cobro indebido o colusión agravada, la Fiscalía viene programando diversas diligencias y pesquisas conjuntamente con la Policía Contra la Corrupción (Dircocor) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), a fin de identificar e individualizar a los que resulten responsables.
También están comprendidas las denuncias contra efectivos policiales que habrían solicitado una coima para retirar la infracción impuesta a conductores de vehículos e incluso para otorgar salvoconductos.
El reporte general muestra asimismo otros casos en los que funcionarios o servidores públicos habrían hecho uso indebido de los vehículos y otros bienes pertenecientes al Estado siendo incluso, en algunos casos, encontrados conduciendo en estado de ebriedad en plena orden de aislamiento social.
Cabe precisar que, además de dichas investigaciones de los casos en flagrancia o de mayor urgencia, los fiscales anticorrupción vienen realizando acciones de prevención, mediante visitas inopinadas y videollamadas de exhortación a los 1874 municipios que recibieron S/ 213 millones 650 mil para adquirir y distribuir canastas de víveres a la población más vulnerable.