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JNE valida firmas: Empresas de apuestas demandarán al Estado ante el TC

Gremios del sector formalizan recurso legal tras validarse las rúbricas para el referéndum.
Empieza una batalla legal en el Congreso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) validó las 5,000 firmas necesarias para que las empresas de apuestas deportivas y juegos virtuales puedan demandar al Estado. El objetivo es que el Tribunal Constitucional (TC) elimine el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) creado mediante el Decreto Legislativo 1644 durante el gobierno de Dina Boluarte.

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Varios expertos en leyes e impuestos advierten que este decreto es ilegal e inconstitucional porque le faltan elementos básicos. Por eso, el Congreso debatirá este martes el Proyecto de Ley 9645/2024-CR, que busca corregir este problema. Si los congresistas no aprueban la ley por insistencia, el caso pasará directamente a manos del TC.

Un antecedente clave

Esto ya pasó antes. En 2001, el TC declaró inconstitucionales los impuestos a los casinos y tragamonedas. Esto obligó al Estado a recalcular, compensar y devolver el dinero cobrado a las empresas afectadas.

La crisis actual del sector

Hoy en día, las apuestas en línea pagan un 12% de Impuesto al Juego, más un 1% de ISC sobre cada monto apostado. Aunque suena bajo, los especialistas explican que la carga real de impuestos puede devorarse casi el 50% de los ingresos brutos de los negocios. Esto ha golpeado duramente al mercado formal entre 2025 y 2026:

Cierres masivos: 40 operadores salieron del país.

Locales perdidos: Se cerraron 1,500 puntos de venta.

Menos auspicios: El fútbol profesional pasó de tener 18 clubes patrocinados por apuestas en 2024 a solo 5 en 2026.

Además, los líderes de la industria advierten que asfixiar al sector con impuestos solo empujará a los usuarios hacia plataformas ilegales. Estas páginas no pagan tributos y ofrecen mejores premios, pero no tienen control regulatorio.

El Congreso decide el futuro

Aprobar por insistencia el Proyecto de Ley 9645/2024-CR corregirá el error del decreto original. También dará reglas claras al sector, protegerá los empleos formales y frenará la informalidad. La decisión final se tomará este martes en el Pleno del Congreso.

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