Lo que comenzó como uno de los recursos más ambiciosos presentados tras la segunda vuelta presidencial terminó chocando contra una pregunta que los magistrados repitieron una y otra vez durante la audiencia: ¿dónde están las pruebas?
La tarde del viernes, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones escuchó los argumentos de los representantes de Juntos por el Perú, quienes buscaban revertir las decisiones previas que habían rechazado sus pedidos para invalidar de manera masiva 1751 mesas de votación en Lima y otras 647 en Estados Unidos.
La agrupación sostenía que existían irregularidades que justificaban la nulidad de las mesas observadas. Sin embargo, conforme avanzaba la audiencia, los magistrados comenzaron a solicitar precisiones sobre los hechos denunciados, los responsables del supuesto fraude y las evidencias que respaldaban las acusaciones.
Fue entonces cuando aparecieron las primeras dificultades para la defensa.
Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el magistrado Gunther Gonzales Barrón preguntó cuál era la causal específica que sustentaba la nulidad solicitada.
La respuesta de la defensa apuntó a un presunto fraude electoral basado en graves irregularidades. Sin embargo, cuando se solicitó identificar quiénes habrían cometido ese supuesto fraude, la respuesta fue que se trataba de una hipótesis que aún debía ser esclarecida.
Las dudas continuaron. La magistrada Martha Maisch consultó directamente si existían pruebas que respaldaran las afirmaciones presentadas por el partido. La respuesta fue que no se habían aportado elementos probatorios adicionales y que el principal sustento consistía en análisis estadísticos elaborados por la propia agrupación.
Tampoco ayudó el hecho de que los propios abogados reconocieran que los personeros del partido no habían reportado anomalías durante la jornada electoral en las mesas cuestionadas.
Durante la audiencia, el presidente del JNE, Roberto Burneo, recordó que una acusación tan grave como la invocada requería un estándar probatorio suficiente y dejó en claro que la carga de demostrar los hechos correspondía a quien los denunciaba.
Tras concluir la exposición de las partes, los integrantes del pleno dejaron los casos al voto y se reunieron posteriormente en una sesión reservada para evaluar los expedientes.
Horas más tarde llegó la decisión. Por unanimidad, el Jurado Nacional de Elecciones declaró infundadas las dos apelaciones con las que Juntos por el Perú pretendía anular las mesas de Lima y Estados Unidos.
En la misma sesión también fueron revisadas otras apelaciones relacionadas con actas observadas tanto en territorio nacional como en el extranjero. La mayoría de estos recursos también fueron desestimados, mientras que algunos casos fueron declarados fundados en parte o quedaron pendientes de votación.
El debate sobre las mesas instaladas en el extranjero tuvo además otro momento llamativo. Los representantes de la agrupación cuestionaron la cadena de custodia de las actas y sostuvieron que modificaciones en los procedimientos electorales habrían afectado el proceso.
Sin embargo, los magistrados insistieron en pedir explicaciones concretas sobre cómo se habría producido el fraude denunciado y qué evidencias permitían sostener esa acusación. Las respuestas no lograron despejar esas interrogantes.
La resolución del JNE cierra definitivamente estos recursos, ya que se trata de decisiones emitidas en segunda y última instancia. Con ello, el organismo electoral continúa avanzando en la revisión de las actas pendientes como parte del proceso que conducirá a la proclamación de los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial de 2026.
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