El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, expresó este miércoles su temor a ser encarcelado si viaja a Lima este sábado 7 de mayo, a fin de participar en la mesa de diálogo que promueve el Ejecutivo. Vargas insiste en pedir la derogatoria del estado de emergencia decretado el 27 de abril en la zona, a fin de sentarse a la mesa en busca de soluciones al conflicto que se reanudó el 14 de abril, cuando invadieron tierras de la minera Las Bambas.
“Si nosotros vamos a viajar a Lima sería para que nos encarcelen, ese es el temor y mi comunidad no me permite”, señaló Vargas, al considerar que el gobierno esta criminalizando sus protestas. El pasado 27 de abril la Policía Nacional desalojó a los comuneros de Fuerabamba, que habían invadido tierras de la compañía, la misma que paralizó sus operaciones el 20 de abril tras las protestas sociales.
“Nosotros ya no creemos en nuestro gobierno”, aseveró el dirigente. La invitación de la PCM señala que este diálogo puede ser en en Lima o en Tambobamba.
Edison Vargas reiteró que la empresa minera ha incumplido compromisos asumidos y por tanto sienten que en los últimos años han perdido el tiempo.
“Nosotros hemos venido dialogando hace tres años con la empresa, con participación de garantes como PCM, Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal [...] practicamente hemos perdido el tiempo, solamente nos han paseado”, señaló para justificar el intento de la comunidad de “retomar sus tierras”.
Vargas también recordó que el gerente de asuntos legales de la minera Las Bambas, Claudio Cáceres, señaló que había 55 acuerdos pendientes de cumplir.
“¿Qué ha esperado para cumplir esos 55 compromisos estos 11 años, esa es nuestra indignación, después del reasentamiento debieron cumplir”, dijo.
El pasado 21 de abril el mencionado gerente señaló en RPP: “Hay un número de compromisos que están ya agendados y programados para ejecutarse en los próximos años. Son 55 compromisos (pendientes) que tienen distintos ejes temáticos y nosotros veníamos teniendo reuniones con la comunidad de Fuerabamba y la PCM justamente para poder programar todos esos compromisos que se encontraban pendientes”.
El vocero de la minera también dijo que desde el 2010 la empresa ha invertido más de 700 millones de soles en el cumplimiento de compromisos con la comunidad de Fuerabamba.
“Lo que se quiere es que se cumplan estos compromisos que se deben a la comunidad, no es que nosotros estamos pidiendo plata, la empresa sabe”, refirió Vargas esta mañana.
El dirigente también señaló que Nueva Fuerabamba, donde fueron reasentados, “es un elefante blanco, el mercado esta botado, el camal no funciona, no tiene agua ni desagüe, esta comunidad reasentada toma agua del río”.
La minera había informado que en la nueva urbanización (Nueva Fuerabamba) “existen 441 viviendas, un mercado de abastos, un centro educativo y un centro de salud de primer nivel, entre otros edificios públicos”.
Consultado si los comuneros recibieron cheques de la empresa el 2014, como el caso del exdirigente Gregorio Rojas, de más de 1 millón 700 mil como compensación por el reasentamiento, Vargas respondió: “Seguramente, vamos a aclarar con la empresa, a ningún comunero le ha entregado la empresa su contrato de reasentamiento, la empresa lo tiene, aunque fuera verdad es nuestro derecho, hoy en día ya no tenemos nuestra tierra”.
El asesor de Vargas, identificado como Luis Muñoz, dijo en la misma emisora que actualmente la comunidad ocupa sus predios y ya no terrenos de la minera.
Señaló que esperan respuesta a la carta enviada a la PCM el 1 de mayo, donde piden la derogatoria del estado de emergencia para sentarse a dialogar.
Sobre los compromisos incumplidos, mencionó que estos estan incluidos en el contrato de permuta. “Cuando permutaron los territorios comunales, la empresa minera se comprometió en la cláusula octava de su contrato de permuta a entregar terrenos saneados y sin ninguna clase de conflicto, cosa que no sucedió porque los terrenos de Chili y Choaquere, donde actualmente vive la comunidad hay conflictos sociales”, señaló.
Agregó que en la cláusula novena de ese contrato de permuta la empresa también se comprometió a cumplir los compromisos sociales del acuerdo marco y sus adendas. “Hay 126 compromisos incumplidos de ese acuerdo marco”, anotó.
“Además se comprometieron, para que la comunidad sea reasentada, a entregar 180 hectáreas de terreno agrícola, que tampoco se ha entregado”, añadió.
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