Diversos líderes indígenas reconocieron el impacto laboral y económico que significará para el Perú el Megapuerto de Chancay, sin embargo, rechazaron que para la ejecución de la obra no se hayan subsanado las observaciones del estudio de impacto ambiental, por lo que advirtieron que sería un riesgo y tendría impactos negativos en temas sociales y ambientales.
Javier Macedo, líder indígena y representante de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), cuestionó las garantías del Estado.
“¿Quién nos puede asegurar si una carretera realmente nos va a traer la solución de los problemas básicos de las comunidades?, más que ayudar, ha incrementado la invasión de nuestras comunidades”, sostuvo Macedo durante el Foro Social Frente al APEC.
César Gamboa, asesor senior de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), explica que, si bien esta obra traerá el desarrollo para nuestro país, el Estado ha olvidado la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones más vulnerables de la Amazonía.
“El estado ha promocionado proyectos importantes de infraestructura, como carreteras, ferroviarias e hidrovías, las cuales se conectarán con el Megapuerto de Chancay y las regiones Amazónicas y Brasil. Al día de hoy, no existe una planificación sostenible de la infraestructura vial de la Amazonía, un panorama preocupante que pone en riesgo parte de nuestro territorio peruano y poblaciones indígenas”, detalla Gamboa.
Por su parte, Denisse Linares, líder de proyecto del programa Sostenibilidad de DAR explica que con la IIRSA Sur también se prometió fortalecer las economías locales.
“Hasta el día de hoy no se puede hablar de una mejora en la producción e industrialización del país; por el contrario, ante la mala planificación, regiones como Madre de Dios sufren los impactos de la minería ilegal y la ausencia de institucionalidad del Estado. Tenemos que dejar de ver a la Amazonía como parte de una cadena logística para transportar materia prima, eso ya no es sostenible y rompe con la narrativa de justicia climática y ambiental”, menciona Linares.
Contenido GEC