La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades correspondientes de las provincias de Casma y del Santa (Áncash) a garantizar el buen estado de los cementerios públicos y privados ubicados en estas dos localidades.
El modulo defensorial de Chimbote dirigió su pedido a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash, municipalidades provinciales de Casma y del Santa, a la Sociedad de Beneficencia Púbica de Chimbote y a las empresas dedicadas al rubro de sepulturas.
Durante una supervisión a cuatro cementerios, se detectó que si bien todos cuentan aún con nichos libres y áreas para nuevos pabellones, algunos de ellos carecen de espacios para habilitar fosas comunes destinadas al entierro de cuerpos no reclamados.
Esta situación, según la Defensoría, pudo advertirse en el camposanto Divino Maestro de la Beneficencia Pública, que tiene como accionista a la Municipalidad Provincial del Santa.
Otro aspecto detectado fue que los camposantos Divino Maestro y San Pedro, así como el Cementerio General de Casma, carecen de certificados de habilitación y de autorización sanitaria emitidos por la Diresa Áncash.
A la fecha, solo el cementerio privado Lomas de la Paz tiene estos documentos, que son requisitos obligatorios para que operen en el marco de la legalidad.
La coordinadora del módulo de la Defensoría del Pueblo en Chimbote, Roslin Villanueva, remarcó la responsabilidad que tienen la Diresa y los municipios en garantizar que los cementerios y cualquier espacio público operen de acuerdo a las leyes emitidas por el sector.
“Si tenemos una segunda ola de contagios, los cementerios también deben tener toda la infraestructura, logística y recurso humano para atender la demanda”, precisó.
Villanueva recordó que en octubre último, la Defensoría del Pueblo llevó a cabo una supervisión a 124 cementerios municipales a nivel nacional, advirtiendo que el 74 % no contaba con autorización sanitaria para su funcionamiento.
De otro lado, que el 44 % de estos espacios no llevaba registros de las personas fallecidas por COVID-19, mientras que el 57 % carecía de protocolos para inhumaciones en casos de fallecimientos por esta enfermedad.
Asimismo, que el 32 % de los camposantos supervisados no distribuía equipos de protección a su personal.
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