La huelga general convocada por la mayor central sindical de Argentina contra la polémica reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno culminó hoy tras 24 horas protagonizada por masivas protestas, aeropuertos paralizados y enfrentamientos violentos entre Policía y grupos de encapuchados.
Pese al paro, el rechazo político y los sucesos que dejaron casi 200 heridos y decenas de detenidos, tras 17 horas de debate la Cámara de Diputados aprobó con 127 votos a favor, 117 en contra y dos abstenciones el proyecto del oficialismo, que cambia la fórmula para calcular las prestaciones sociales y que, según la oposición, afectará a 17 millones de personas en Argentina.
La ley que se aplicaba hasta ahora establecía un ajuste semestral con base en una mezcla entre la recaudación de la Seguridad Social y la variación salarial, mientras que el nuevo mecanismo fija que será trimestral y se calculará 70 % con base en la inflación y 30 % con base en los aumentos de sueldos.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), con la nueva fórmula en diciembre de 2019 habrá una jubilación 8 % más baja que con la anterior y sólo el próximo año supondrá un ahorro fiscal para el Estado de 72.000 millones de pesos (4.000 millones de dólares al cambio actual).
El presidente Mauricio Macri aseguró que se articulará un decreto para habilitar la entrega de un bono en marzo a 10 millones de personas que reciben prestaciones sociales con el fin de compensarlas por el cambio de mecanismo.
Esta decisión ha generado gran polémica, porque los bonos serán de entre 375 y 700 pesos (21 y 39 dólares), una cifra que sociedad civil, sindicatos y oposición consideran irrisoria en comparación con lo que se ahorrará el Ejecutivo.
Entre sus beneficiarios, estarán un 72 % de los casi siete millones de jubilados que hay en el país, que son los que reciben una pensión de menos de 10.000 pesos (561 dólares) al mes.
"Es una medida absolutamente impopular que, lamentablemente, se ha votado", afirmó sobre la reforma Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país austral, que este lunes convocó un paro nacional de 24 horas.
Además, todos los vuelos de entrada y salida del Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto internacional de Ezeiza -los principales de Argentina-, así como muchos que operaban en otras terminales provinciales del país, fueron cancelados ayer poco antes del mediodía, cuando arrancó la huelga, lo que dejó a miles de personas en tierra.
Desde las 12.00 hora local (15.00 GMT) de este martes, cuando terminó la medida de fuerza, reanudaron sus funciones técnicas y de administración y las aerolíneas reprogramaran a los pasajeros.
Los autobuses fueron los únicos que mantuvieron su servicio durante toda la jornada y no se detuvieron a medianoche, como se estableció en un principio, después de que el gremio a cargo de los colectivos, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), comunicara su decisión de no adherirse al paro.
En el resto de sectores la huelga no tuvo la adhesión de otras convocatorias y se sintió principalmente en los hospitales, que atendieron con personal de guardia, y los bancos, que abrieron de forma parcial.
En declaraciones a radio La Red, Schmid admitió que ha habido "deserciones" y "diferencias" con algunas organizaciones sindicales y consideró necesario abrir un "debate interno" en la CGT.
Asimismo, repudió las escenas de violencia en Argentina protagonizadas por fuerzas de seguridad y grupos de encapuchados que se produjeron este lunes en los alrededores del Parlamento y que eclipsaron las masivas movilizaciones pacíficas que se produjeron, al mismo tiempo y posteriormente, en la capital argentina.
"Yo no estoy de acuerdo en ir a romperle la cabeza a otro argentino, simplemente porque está alterando el orden público. No pienso mezclarme en ese tipo de acciones", señaló el sindicalista, quien apuntó que "si hay una institucionalidad que ha tomado esta decisión, hay que respetarla".