Tras el asesinato del fiscal superior de Moyobamba en San Martín, Fermín Caro Rodríguez, el coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, reveló que un total de 15 fiscales a nivel nacional han solicitado seguridad personal, pero el Ministerio del Interior no les ha dado respuesta hasta el momento.
En ese sentido, ante el programa Cuarto Poder, sostuvo que los representantes del Ministerio Público tienen que comprar sus propias armas de fuego para sentirse protegidos ante las constantes amenazas de muerte de las que son víctimas.
Agregó que otros magistrados ya utilizan chalecos antibalas cuando realizan sus diligencias.
Entre los fiscales afectados, se encuentra José Antonio Pagasa Guerra, fiscal provincial contra el crimen organizado en Trujillo, quien es artífice de importantes capturas y recibe amenazas de muerte desde el penal Miguel Castro Castro.
Cabe precisar que desde marzo del 2015 que operan estas fiscalías en Trujillo, se han captura 11 bandas criminales y más de 200 delincuentes entre asesinos, extorsionadores se han puesto tras las rejas. Además, Chávez Cotrina denunció que no tienen presupuesto para continuar con los operativos en el 2017.
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