El fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, aseguró este jueves que la acusación presentada contra Keiko Fujimori, lideresa y candidata presidencial por Fuerza Popular, por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, es “sólida” en todos los extremos.
“Es sólido [el caso], como es sólido todos los extremos de la acusación que la fiscalía está planteando. Estamos ante una organización criminal que, precisamente, ha realizado modalidades criminales y hemos presentado esto cargos para que sea el Poder Judicial quien los evalúe, con las garantías que merecen todos los acusados”, afirmó ante la prensa.
Este jueves, el fiscal José Domingo Pérez presentó la acusación contra la candidata a la presidencia Keiko Fujimori Higuchi por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. El Comercio pudo conocer que el fiscal del equipo especial Lava Jato solicitó al Poder Judicial una pena privativa de la libertad total de 30 años y 10 meses contra la lideresa de Fuerza Popular.
Además, según especificó Pérez Gómez, se ha solicitado la disolución del partido y se espera que el juicio oral pueda ejecutarse “prontamente”.
“Se ha solicitado su disolución y liquidación, se ha solicitado la pena de 30 años y 10 meses y decirles que en la fase de investigación preparatoria, que se inició el 19 de octubre del año 2018 hasta la fecha en que ha concluido, se ha demandado de 2 años y 4 meses de plazo de investigación preparatoria […] Esperamos que el Poder Judicial pueda llevar a cabo las audiciones correspondientes a la etapa intermedia y poder prontamente estar en la etapa de juzgamiento”, señaló.
“Esperamos que sea lo más pronto posible, no es decisión del Ministerio Público, esto está a partir de este momento en competencia del Poder Judicial y depende de la carga que tenga el Poder Judicial para que se puedan programar las audiencias correspondientes en la acusación que se ha interpuesto hoy contra la acusada Keiko Fujimori”, agregó.
Detalló también que se ha solicitado la prohibición en la comunicación de los acusados con otras personas, tales como congresistas, magistrados, funcionarios de los órganos electorales, entre otros.
Asimismo, solicitó “se prohíba la emisión de estos comunicados que lo que originan es que se dificulte el normal desarrollo de procesos porque se incita a que haya luego agresiones”, con relación a los pronunciamientos de la candidata presidencial por redes sociales.
“Lo que develan [estas manifestaciones] es un desprecio a los funcionarios que cumplen con su función de perseguir el crimen y acusar. Soy fiscal que persigue el crimen y mi obligación es acusar cuando hay la comisión de un crimen que es delito”, enfatizó.
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