La avenida Universitaria empezó a llenarse de carteles, banderolas y grupos de estudiantes que avanzaban hacia las puertas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Minutos después, el tránsito quedó parcialmente bloqueado en el tramo con dirección hacia la avenida La Marina mientras más de 250 alumnos protestaban contra el nuevo sistema de pensiones aprobado para los ingresantes del ciclo 2027-I.
La movilización se desarrolló en paralelo a una sesión del Consejo Universitario que discutía precisamente la reforma económica cuestionada por distintos colectivos estudiantiles. La tensión aumentó cuando un grupo de manifestantes ingresó al Centro Dintilhac, sede del rectorado de la universidad.
Reportes difundidos durante la jornada señalaron que varios consejeros abandonaron apresuradamente las oficinas administrativas tras el ingreso de los alumnos. En los exteriores, agentes policiales permanecían desplegados mientras continuaban las protestas en plena vía pública.
El conflicto venía acumulándose desde días atrás. Plantones dentro del campus y comunicados de centros federados ya habían advertido el rechazo estudiantil a la reforma impulsada por la universidad.
La principal crítica apunta al nuevo esquema de escalas y becas que reemplazará el actual sistema de nueve niveles. Los estudiantes consideran que los cambios elevarán las barreras económicas de acceso a la educación superior.
Según la información difundida por la universidad, el nuevo modelo reducirá las nueve escalas actuales a cuatro niveles regulares de pensión y cuatro modalidades de becas, entre ellas las Becas Mac Gregor y Lucet.
La PUCP explicó que las escalas G1, G2 y G3 pasarán a convertirse en becas asignadas mediante evaluación socioeconómica para los estudiantes que ingresen desde 2027. También precisó que los actuales alumnos mantendrán sus condiciones económicas.
Sin embargo, el nuevo sistema provocó cuestionamientos debido al costo mínimo proyectado. Los colectivos estudiantiles sostienen que las becas partirían desde una pensión aproximada de S/1.600, superior al piso anterior que rondaba los S/1.218.
El Centro Federado de Psicología manifestó que la reforma profundiza brechas económicas y fortalece “una universidad cada vez más elitista”. Otros colectivos, como los centros federados de Derecho, Educación, Arte y Diseño, además de Gastronomía, Hotelería y Turismo, respaldaron las protestas.
La Junta de Representantes de Letras y Ciencias Humanas también rechazó la medida y sostuvo que el cambio impulsa una “mercantilización de la educación”, afectando especialmente a disciplinas que ya enfrentan una disminución de ingresantes.
Frente a los cuestionamientos, la PUCP aseguró mediante un comunicado que el nuevo sistema “no representa un alza de pensiones” y que mantiene “la misma amplitud de apoyo económico” que actualmente otorga la universidad.
La institución señaló además que el objetivo de la reforma es organizar de manera más eficiente y transparente las modalidades de apoyo económico, así como implementar una evaluación socioeconómica “más clara y predecible”.
Otro de los puntos resaltados por la universidad fue que los ingresantes del ciclo 2027-I no tendrán variaciones adicionales por ajuste inflacionario en las escalas y becas asignadas durante ese periodo.
Pese a ello, la Federación de Estudiantes mantiene la convocatoria a una Asamblea General programada para el jueves 14 de mayo, donde se debatirá la organización de nuevas acciones frente al cambio del sistema de pensiones.
La jornada de protestas en la PUCP coincidió además con otro conflicto universitario en Lima. Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos iniciaron una toma pacífica de la Ciudad Universitaria en rechazo a un proyecto de ley que plantea permitir la reelección inmediata de autoridades universitarias.
Mientras tanto, en San Miguel, el debate sobre el acceso a la educación superior volvió a trasladarse de las oficinas administrativas a las calles, entre arengas, carteles y una comunidad estudiantil que exige ser escuchada antes de que entre en vigencia la reforma prevista para 2027.
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