La muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido en la escena urbana como ‘Trvko’, vuelve a colocar bajo tensión el debate sobre el uso de la fuerza policial durante las protestas sociales. Esta vez, el Ministerio Público pidió 10 años y 8 meses de prisión para el suboficial de tercera PNP Luis Michael Magallanes Gaviria, señalado como el autor del disparo que acabó con la vida del rapero de 32 años.
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La acusación fiscal sostiene que el efectivo policial realizó el disparo el pasado 15 de octubre, en medio de las movilizaciones registradas en el Centro de Lima contra el gobierno del entonces presidente José Jerí. Según la tesis del caso, Magallanes actuó de manera desproporcionada e ilegal durante los enfrentamientos ocurridos cerca de la Plaza Francia.
Pericia balística indica que bala que mató a Trvko rebotó en el suelo antes de impactarlo. (Foto: Captura/Canal N)
Peritajes forenses, resultados de necropsia y registros audiovisuales forman parte de las pruebas que sustentan el requerimiento fiscal. La audiencia de control de acusación fue programada para el próximo 30 de julio por el Décimo Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
La Fiscalía sostiene que el disparo realizado por el agente infiltrado entre los manifestantes terminó impactando en el cuerpo del músico urbano, quien cayó gravemente herido durante la protesta. Horas después se confirmó su fallecimiento.
La evidencia recogida por cámaras de vigilancia y grabaciones realizadas por los propios manifestantes llevó incluso a que la Policía Nacional reconociera que la bala salió del arma de Magallanes. Posteriormente, el suboficial fue separado de la institución.
EL DISPARO Y LA VERSIÓN DEL POLICÍA
Luis Magallanes asegura que actuó por miedo. En declaraciones brindadas mientras permanece internado en el Hospital PNP Luis N. Sáenz por lesiones sufridas durante los disturbios, relató que se encontraba encubierto realizando seguimiento a manifestantes considerados violentos.
Según dijo, él y otros agentes fueron descubiertos por un grupo de personas que empezó a lanzar piedras y botellas mientras los señalaban como “ternas”. El suboficial afirmó que intentó escapar, pero terminó rodeado por decenas de manifestantes.
“Me decían: ‘Está con arma, este terna. ¡Hay que matarlo, quémenlo!’”, declaró el efectivo, quien sostuvo que temió por su vida luego de que una persona descubriera el arma que llevaba oculta.
Magallanes aseguró que escuchó un disparo mientras corría y que, al sentirse perseguido y golpeado, desenfundó su arma y disparó hacia el piso para repeler el ataque. “No ha sido mi intención lastimar a nadie, mucho menos quitarle la vida a una persona”, manifestó.
El informe de necropsia reveló que la bala ingresó con trayectoria de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Además, el documento señala que el proyectil presentaba imperfecciones compatibles con un posible rebote antes de impactar en la víctima.
INDIGNACIÓN Y RECLAMOS
La muerte de ‘Trvko’ generó vigilias, pintas y protestas en distintos puntos de Lima. En las paredes aparecieron frases como “nadie debe morir por protestar” y “terna asesino”, mientras colectivos vinculados al hip hop denunciaban el uso de agentes infiltrados durante las movilizaciones.
El caso también provocó críticas contra el entonces ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien había negado públicamente la presencia de policías encubiertos caracterizados como manifestantes.
Amigos y colegas del músico Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, conocido como "Trvko", lo recuerdan
El Estudio Arbizu & Gamarra, que representa legalmente a la familia de Eduardo Ruiz Sanz, sostuvo que el caso debió ser investigado por una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos debido a que ocurrió en el contexto de una protesta social y por presunto uso excesivo de la fuerza estatal.
Para la defensa de la familia, la calificación jurídica adoptada no reduce la gravedad institucional del caso ni elimina la necesidad de analizarlo bajo estándares de protección de derechos fundamentales.
La protesta en la que murió ‘Trvko’ fue una de las más multitudinarias de los últimos años y dejó más de 100 heridos, entre policías y manifestantes, además de varios detenidos, según reportó la Defensoría del Pueblo.
Ahora, mientras el Poder Judicial se prepara para evaluar la acusación fiscal, el caso vuelve a colocar en debate las responsabilidades de los agentes infiltrados y los límites del accionar policial durante las movilizaciones sociales en el país.
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