A dos semanas del derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar de Lima, ocurrido a 4 kilómetros del distrito de Ventanilla, el Ministerio Público (MP) empezó a tomar las primeras medidas judiciales para dar con los responsables de este hecho, considerado por el gobierno peruano como “el peor desastre ecológico” que ha sufrido nuestra capital.
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Como parte de sus investigaciones contra representantes de Refinería La Pampilla S.A., administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C, por presunto delito de contaminación ambiental, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste solicitó al Poder Judicial el impedimento de salida por 18 meses contra el gerente general de Refinería La Pampilla, Jaime Fernandez-Cuesta Luca de Tena.
Asimismo, contra Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Reyes Ruiz, gerente de Producción.
El fiscal del caso, Ariel Tapia Gómez, encontró presunta responsabilidad penal de estos directivos, al considerar que “habrían conocido del derrame, en una cantidad superior a los 6 mil barriles de petróleo crudo, e incumplieron adecuadamente sus responsabilidades funcionales”, de acuerdo a un comunicado del Ministerio Público.
La versión inicial que dio Repsol a las autoridades del Ministerio del Ambiente fue que se habían derramado solo 7 galones de crudo, causando un daño de apenas 2,5 metros cuadrados. La empresa también aseveró desde un principio que el derrame fue causado por el oleaje irregular tras la erupción de un volcán en Tonga.
El procurador del Ministerio del Ambiente ha señalado que la pena por el derrame de petróleo, en su tipo base, es de 4 a 6 años de prisión, pero esta se puede agravar cuando, por ejemplo, la parte involucrada oculta información. “Cuando hay agravante, la pena va de 4 a 7 años de prisión”, precisó.
El viernes 28 de enero, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra-Ventanilla dictó el impedimento de salida del país por 18 meses contra Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, gerente general de la refinería La Pampilla, administrada por Repsol Perú, tras el derrame de petróleo.
La medida coercitiva solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lima Noroeste también alcanza a Renzo Alejandro Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la Refinería La Pampilla; Gisela Cecilia Posadas Jhong, gerente de Calidad de Medio Ambiente; y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de Producción.
El fiscal Tapia Gómez ampliará su investigación con el fin de incluir en el proceso a funcionarios públicos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente.
Estos serán investigados por presuntos delitos de responsabilidad funcional, pues de acuerdo a la fiscalía, “habrían omitido su labor de fiscalización administrativa”.
Luego de que el Ministerio del Ambiente (Minam) informó que no fueron 6,000 barriles de petróleo los que cayeron al mar de Ventanilla, sino unos 11.900 barriles, la empresa Repsol se pronunció al respecto y precisó una cantidad menor a la mencionada por el Estado.
“Con la información técnica disponible, estamos en disposición de comunicar que la cantidad de petróleo derramado es de 10.396 barriles y de esto, el 35% ya ha sido recuperado mediante las labores de limpieza del mar y de las playas, según nuestras mejores estimaciones”, señaló Repsol en un comunicado.
De acuerdo a la investigación fiscal, el vertimiento contaminante de hidrocarburo se desplazó desde la Refinería La Pampilla de Ventanilla (Callao) hasta la localidad de Supe-Barranca (Lima Provincias).
Por lo tanto, el petróleo se extendió en un área de 140 kilómetros de longitud del Callao a Barranca; y, desde las playas de Ventanilla y Lima, hasta las islas de la Reserva Nacional de Isla e Islotes y Puntas Guaneras, frente a Ancón.
“Este hecho produjo la contaminación de las aguas marinas, el suelo y subsuelo costero generando un grave daño al ambiente en sus componentes de agua, suelo y aire; a la calidad y salud ambiental, produciendo la muerte y afectación a la fauna y flora del mar, así como a los recursos hidrobiológicos, en perjuicio de la ciudadanía”, informó el MP.
Al no informar oportunamente sobre la magnitud del derrame, Repsol ocasionó que el vertimiento contaminante de hidrocarburo se desplazara desde La Pampilla de Ventanilla (Callao) hasta la localidad de Supe-Barranca (Lima Provincias), según indica la fiscalía.
Las sanciones no serán solo penales por este caso de contaminación. El OEFA ya notificó a La Pampilla sobre el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de una primera medida: identificar las zonas afectadas por el desplazamiento del petróleo derramado.
Además les notificaron sobre el requerimiento para la imposición de una multa coercitiva por 100 UIT (460 mil soles), debido al incumplimiento de la referida medida. La entidad señala que la multa se seguirá imponiendo de manera sucesiva hasta que no se evidencie el cumplimiento de la medida.
El miércoles 26 de enero también venció el plazo para que Repsol acredite el cumplimiento de una segunda medida: asegurar el área, realizar la contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo sobrenadante en el mar de Ventanilla y del impregnado en las áreas naturales protegidas. OEFA realiza la respectiva supervisión en campo.
Mientras, el viernes 28 de enero el OEFA informó que Repsol enfrenta hasta 49.200 unidades impositivas tributarias (UIT) en multas, que equivale a S/ 226,3 millones, si incumple las 12 medidas administrativas que se le ha impuesto a raíz del derrame de petróleo en Ventanilla.
Estas son las medidas impuestas por el OEFA y los plazos que tiene la empresa para cumplirlas:
El OEFA informó que las playas afectadas por el derrame de petróleo son Costa Azul, Cavero, Javier, Isla Grande, Bahía Blanca, Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Club Naval, La Puntilla, San Francisco Grande y Chico, Hermosa, Enanitos, San Marín, 18, Balneario de Ancón, Donofrio, Miramar, Conchitas, Pocitos, playas del Serpentín de Pasamayo, Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Punta Guaneras - Islote Grupo de Pescadores, Isla Huampanú, Isla Mazorca, Chacra y Mar, Peralvillo, Cascajo y Punta Salinas.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado también dio a conocer que más de 170 aves cubiertas de petróleo han sido registradas hasta hoy solo en los Islotes de Pescadores de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.
“A primera vista registramos aves muertas en el islote Pescadores. Estamos registrando diariamente 10 aves muertas en el islote, desde el 18 de enero que estamos saliendo a campo. Hemos registrado chuitas, cormoranes, guanay, piqueros y pingüinos”, ha dicho Deyvis Huamán, responsable de la Unidad de Monitoreo, Vigilancia y Control del Sernanp.
Esta semana el presidente de la Asociación de Extractores de Mariscos de Ancón, Héctor Santillán Paz, señaló que es “incierto” el tiempo que les tomará reanudar sus actividades y estimó que las pérdidas económicas ya “superan los S/100 mil diarios” para los pescadores afectados por el derrame.
El ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, ha anunciado que conversa con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para otorgar un bono a los pescadores artesanales afectados.
“Estamos terminando el empadronamiento de todos los pescadores artesanales en estas zonas afectadas”, refirió.
Por ahora la pesca artesanal esta suspendida en las zonas afectadas por el derrame, es decir, en Ventanilla, Ancón y Chancay.
Prado adelantó que se viene coordinando, a través del Fondo de Desarrollo Pesquero (Fondepes), mecanismos financieros que permitan dar herramientas a los pescadores artesanales, a fin que puedan realizar sus actividades pesqueras en otras áreas que no se encuentren afectadas.
En los últimos días también se conoció que el italiano Giacomo Pisani, capitán del buque petrolero Mare Doricum, que descargaba el crudo para La Pampilla, envió varias cartas de protesta antes, durante y después del derrame. Los documentos revelarían severas fallas de la empresa Repsol en el accidente.
En una de estas, Pisani indica que los representantes de La Pampilla no realizaron un “operativo de buceo la terminal para comprobar el estado de manguera de carga flotante que provocó el derrame de crudo en agua de mar”, lo que se traduciría en la demora de una reacción por parte de Repsol.
Otro de los documentos revela que el mismo día del derrame el capitán del buque solicitó al piloto que subiera a bordo a las 5:30 p.m. después de un incidente de separación de las cuerdas de amarre para poner el buque en posición. “El piloto no subió a bordo hasta ahora, a las 11:05 p.m.”, de acuerdo a la carta, es decir, casi seis horas después de que el petróleo comenzara a caer al mar.
La multinacional respondió a través de un comunicado destacando que en una de las cartas de protest, enviadas por el mencionado capitán, se indica que “ocurrió una condición anormal de mar/oleaje durante la operación de descarga en la terminal 2 causando la ruptura de los cabos de amarre”.
La firma también señaló que Giacomo Pisani firmó un documento en el que se precisa que, cuando se identificaron las manchas de petróleo, se activó al equipo de buzos que estaba alrededor de la embarcación para realizar la inspección correspondiente de acuerdo al plan de contingencia.
Repsol agrega que no pudieron ingresar debido a que las condiciones no eran seguras, por lo que inmediatamente se activó a un segundo equipo de buzos con equipamiento especial para este tipo de situaciones, quienes se encargaron de realizar las inmersiones.
El último miércoles las autoridades confirmaron un segundo derrame en el terminal multiboyas N°2 de la refinería La Pampilla, es decir en el mismo lugar donde ocurrió el primero. Este nuevo incidente tampoco fue reportado por la empresa de manera oportuna.
Osinergmin explicó que este “vertimiento de un volumen de crudo estimado en 8 barriles” ocurrió durante la operación de retiro del remanente de petróleo que hay en la tubería.
Repsol respondió que no se trató de un nuevo derrame sino de un “afloramiento controlado de remanentes del derrame del pasado 15 de enero”. El caso sigue siendo investigado.
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