Las pruebas rápidas de descarte de COVID-19 son ofrecidas en el “mercado negro” casi sin ningún tipo de control por parte de las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa). Así lo ha revelado un informe de “Punto Final”, que ubicó varios puntos donde se realizan los descartes, tres de ellos en los distritos de San Martín de Porres y La Victoria.
“Los únicos que pueden importar las pruebas rápidas son las droguerías”, precisó en el reportaje Javier Llamoza, decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, que agrega que desde que el Gobierno liberalizó la importación del material solo se está solicitando requisitos mínimos, como la ficha técnica del producto y la declaratoria de emergencia.
El “mercado negro” que denuncia Punto Final ha aparecido a pesar de que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una guía señalando que en contexto del estado de emergencia las droguerías solo pueden comercializar y distribuir las pruebas rápidas a las instituciones prestadoras de servicios de salud, ya sean públicas o privadas.
En el caso de San Martín de Porres, el puesto se encontraba en un mercado distrital, donde las personas podían acceder a la prueba por S/ 150. La Superintendencia Nacional de Salud y la policía dieron con el local tras ubicar volantes publicitarios.
En el caso de La Victoria, se halló un laboratorio informal se encontraba dentro de una galería en los al rededores del Gamarra. Allí, entre telas, un hombre entregaba los resultados a un grupo de clientes. El otro punto también se encontrado cerca al emporio comercial, y se realizaban las pruebas a S/ 100. De acuerdo al informe, este pertenecía a la empresa Salud Vial Perú, que realiza exámenes médicos en pruebas de manejo.
El dominical también ha dado a conocer el comercio virtual de estas pruebas, que se hacen a a través del portal digital Mercado Libre. “Está certificado y tiene permiso de Digemid”, explica una comerciante informal que se identifica como Estefany La Torre. Ella asegura también que no es necesario el acompañamiento de personal de salud para realizar la pruebas rápidas pues vienen con instrucciones.
“Este es un tema que hay que tomar con cuidado. La droguerías tiene la obligación de registrar ante la autoridad sanitaria a qué establecimientos están comercializando estas pruebas rápidas”, explicó Víctor Suárez Moreno, subjefe de Instituto Nacional de Salud.
De acuerdo con el reportaje, estas pruebas se están realizando ante la necesidad de las personas de mostrar en sus trabajos que no están infectados con el COVID-19.
Punto Final también recalca que las pruebas que se toman en el mercado negro afectan al registro nacional de coronavirus, realizado por el SISCOVID, a donde clínicas y hospitales envían sus cifras de descarte diarias, y que permiten hacer un mapa de la epidemia y evaluar su comportamiento.
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